Amnistía Internacional ha alertado de que el Gobierno salvadoreño del presidente Nayib Bukele utiliza la prórroga continuada del estado de excepción para perseguir las voces críticas y criminalizar a los defensores de los Derechos Humanos.
El régimen de excepción --que se prolonga ya más de tres años-- y las reformas del sistema penal han "desvirtuado" el Estado de derecho en El Salvador, en el que se ha consolidado un modelo que "da apariencia de legalidad" a irregularidades, como las detenciones masivas sin pruebas, o las suspensión de garantías judiciales.
"En lugar de impartir justicia imparcialmente, el sistema penal en El Salvador se ha convertido en un arma para castigar la disidencia y sofocar el espacio cívico", ha denunciado Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía.
"Defender Derechos Humanos o protestar pacíficamente puede costar la libertad", ha dicho. Amnistía ha advertido de que todas estas nuevas reformas contravienen en muchos casos los mínimos estándares internacionales.
La nueva legislación está siendo utilizada para perseguir a líderes comunitarios, sindicalistas, o protectores del medio ambiente, bajo tipos penales "amplios y ambiguos" tales como pertenencia a grupo ilegal, e incluso terrorista.
Amnistía denunció en julio de este año la situación de tres personas que fueron detenidas de manera arbitraria y sometidas a procesos judiciales sin las garantías propias de un Estado de derecho, Ruth López, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, presos, apunta la ONG, por su labor como defensores de Derechos Humanos.
SITUACIÓN EN LAS CÁRCELES
Amnistía ha denunciado que la situación en las cárceles salvadoreños "continúa siendo alarmante". El sistema penitenciario se caracteriza por la incomunicación prolongada, el hacinamiento extremo, la falta de atención médica y el riesgo de tortura, advierte la ONG.
"La incomunicación prolongada y las condiciones inhumanas de detención son parte de una estrategia deliberada para infundir miedo y quebrar tanto a las personas detenidas como a las comunidades que representan", ha lamentado Piquer, que habla de "un espacio cívico cada vez más asfixiado".
Amnistía ha puesto el foco en la situación de algunas de estas personas que continúan detenidas de manera irregular, como el caso del portavoz de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Fidel Zavala; o el abogado Enrique Anaya, ambos ante el riesgo de real de torturas y tratos inhumanos.
Por ello, la ONG ha reclamado al Gobierno de Bukele la liberación inmediata de todas aquellas personas "detenidas únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos", así como al cumplimiento de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado a algunos de ellos.
Por último, Amnistía insta a la comunidad internacional a seguir muy de cerca lo que está ocurriendo dentro de El Salvador.
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