Desde el Congreso de transporte terrestre Colfecar, en Cartagena, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, detalló que el monitoreo del cumplimiento de acuerdos entre el Gobierno y el Clan del Golfo contará con observadores militares y policiales, trabajando junto a la oficina del alto comisionado para la paz. Esta información fue recogida por la emisora colombiana W Radio y reproducida por el medio. El funcionario, citado por dicha emisora, explicó que la supervisión se mantendrá paralela a las operaciones militares, dentro del marco de las recientes conversaciones de paz que comenzaron en Doha, Catar.
Según informó W Radio, Sánchez remarcó que no existe ningún cese al fuego ni suspensión de operativos militares, pese a la apertura de negociaciones entre el Ejecutivo y el mayor cartel de drogas del país. La posición oficial del Ministerio de Defensa es mantener una ofensiva constante contra todos los grupos armados organizados, incluyendo específicamente al Clan del Golfo. El ministro justificó esta decisión apelando a la Constitución Política de Colombia, indicando que la actuación decidida de las Fuerzas Armadas responde a un mandato legal.
El anuncio coincidió con el inicio de un proceso de diálogo en la capital catarí, donde representantes del Gobierno colombiano buscan sentar las bases para una posible salida negociada al conflicto armado que ha recrudecido en los últimos meses. El acuerdo inicial entre las partes incluyó un plan piloto enfocado en sustituir cultivos ilícitos en cinco zonas donde opera la estructura criminal. W Radio reportó que este abordaje integral se produce en medio de un contexto de violencia reciente, reflejado en la muerte de dos soldados en acciones atribuidas a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, hecho sucedido a mediados de julio en el municipio de Cañasgordas, Antioquia.
Durante el periodo reciente, detalló W Radio, las fuerzas de seguridad colombianas también han enfrentado la escalada de acciones hostiles por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Después de la ruptura del proceso de paz con el Gobierno, este grupo intensificó sus ataques, dirigidos especialmente a instalaciones y efectivos de la fuerza pública, generando nuevas presiones en el panorama de seguridad del país.
El enfoque oficial descrito por el ministro Sánchez implica que, pese a que avanzan las conversaciones que persiguen reducir la violencia y transformar economías ilícitas, las instituciones estatales no pausarán las medidas de coerción sobre las organizaciones armadas. Estos lineamientos fueron expuestos en el marco del evento de transporte terrestre Colfecar, donde el ministro insistió en que la continuidad de las operaciones y la ofensiva se mantendrá por mandato constitucional y como respuesta obligada a los desafíos en materia de seguridad.
La apertura de la mesa de negociación en Doha llega tras semanas de recrudecimiento de los enfrentamientos, explicó W Radio, con incidentes como el registrado en Antioquia y una serie de operaciones de seguridad que han marcado la agenda del Ministerio de Defensa. Las autoridades colombianas, indicó el medio, enfrentan simultáneamente los retos vinculados al crimen organizado dedicado al narcotráfico y la expansión de cultivos ilícitos, así como las amenazas derivadas de la actuación de otros grupos ilegales, como el ELN.
La estrategia del Gobierno contempla vincular avances en diálogos con iniciativas dirigidas a transformar territorios afectados por la violencia y la economía ilegal. Así lo refleja el acuerdo piloto sobre sustitución de cultivos ilícitos adoptado en el proceso de Doha, que se implementará en localidades selecionadas donde el Clan del Golfo mantiene influencia. El despliegue de observadores militares y policiales con competencias de monitoreo apunta a garantizar la transparencia en la ejecución de los posibles entendimientos.
De acuerdo con W Radio, la permanencia de la actividad militar en paralelo a la negociación busca mantener la presión sobre los grupos armados organizados, en un contexto donde el accionar de estos colectivos impacta directamente en la seguridad de la población y la integridad del personal uniformado. La continuidad de la persecución penal y operativa, indicó el Ministerio de Defensa, es una respuesta directa a la agudización del conflicto en diferentes regiones del país.
El inicio de estas conversaciones fuera del territorio colombiano y bajo vigilancia internacional añade una nueva dimensión al proceso de paz impulsado por el Ejecutivo. W Radio sostuvo que la combinación de diálogo y ofensiva militar, expuesta por Pedro Sánchez, forma parte de una estrategia estatal orientada tanto a buscar salidas negociadas como a enfrentar, mediante la represión y la ley, las estructuras armadas que operan fuera del orden legal.
En este contexto, la tensión entre el avance del proceso de negociación y el mantenimiento de la presión militar define la coyuntura actual de la política de seguridad colombiana, tal como reportó W Radio en seguimiento a las declaraciones del titular de Defensa en Cartagena.
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