HRW denuncia abusos y crímenes de guerra en la ocupación israelí de partes del sur de Siria

Human Rights Watch acusa a Israel de expulsiones, confiscaciones y demoliciones en sectores bajo su control, advierte que estas prácticas representan crímenes de guerra y llama a suspender el respaldo militar internacional y a imponer sanciones selectivas contra funcionarios responsables

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Human Rights Watch (HRW) ha dirigido un llamado a la comunidad internacional para que suspenda el apoyo militar a Israel, señalando que las recientes acciones de las fuerzas israelíes en el sur de Siria representan graves violaciones al derecho internacional, incluidas prácticas consideradas crímenes de guerra. De acuerdo con HRW, estas operaciones han incluido el desplazamiento forzoso de comunidades, confiscación de propiedades y demoliciones de viviendas en zonas bajo control israelí desde diciembre de 2024.

Según reportó la organización, Israel ha intensificado su presencia militar en la zona desmilitarizada del sur de Siria, área históricamente supervisada por la ONU, la cual separa los Altos del Golán —territorio sirio que permanece bajo ocupación israelí desde 1967— de la provincia de Quneitra, que todavía estaba bajo administración siria. El medio HRW detalló que, desde el colapso del régimen de Bashar al Assad, las fuerzas israelíes han creado nueve puestos militares que se extienden desde el monte Hermón hasta el oeste de la provincia de Daraa.

La organización expuso que estas actividades no se han limitado a la ocupación militar sino que han reducido los derechos y libertades fundamentales de los residentes locales. Entre las acusaciones figuran la prohibición del retorno de decenas de miles de sirios desplazados desde hace más de cinco décadas, las expropiaciones de terrenos y viviendas, así como la implantación de medidas restrictivas de movimiento que afectan tanto a peatones como a vehículos, en concordancia con las prácticas que Israel implementa en otros territorios bajo su control.

Tal como publicó HRW, el pasado domingo las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron una operación militar en la que dos batallones penetraron 38 kilómetros en territorio sirio con el objetivo declarado de decomisar más de 300 armas supuestamente vinculadas al régimen sirio. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que, tras esta operación, las fuerzas israelíes realizaron registros en viviendas de la ciudad suroccidental de Saysoun y establecieron puestos de control en la región.

Hiba Zayadin, jefa de investigación sobre Siria en HRW, criticó que "las fuerzas militares israelíes que operan en Siria no deberían tener vía libre para confiscar viviendas, demolerlas y expulsar a las familias". Zayadin agregó que las recientes acciones "no son actos legítimos de necesidad militar, sino páginas sacadas del manual utilizado en los territorios palestinos ocupados y otras partes de la región". En su opinión, estas acciones despojan a los residentes de sus derechos fundamentales.

A raíz de estos hechos, HRW solicitó a gobiernos de todo el mundo suspender la asistencia militar a Israel mientras persistan estas prácticas, que la organización considera graves transgresiones al derecho internacional humanitario. Asimismo, recomendó revisar y, en su caso, suspender la cooperación bilateral y prohibir el comercio con los asentamientos situados en los Altos del Golán y otras zonas ocupadas.

La ONG puso el foco en actores internacionales clave, instando a Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido a promover la rendición de cuentas y respaldar procesos ante el Tribunal Penal Internacional. Añadió que, según HRW, "deberían imponer sanciones selectivas contra los funcionarios israelíes responsables de las graves violaciones, como el bloqueo del retorno de los desplazados sirios, y mantenerlas hasta que existan garantías verificables que habiliten un regreso seguro, voluntario y digno".

El documento de HRW sostuvo que la falta de acción decidida por parte de los otros gobiernos está facilitando que Israel extienda sus tácticas represivas sin enfrentar consecuencias legales ni diplomáticas. Hiba Zayadin advirtió que la comunidad internacional necesita responder de manera urgente, mediante la suspensión del apoyo militar, la aplicación de medidas específicas y el fomento de la rendición de cuentas ante instituciones como el Tribunal Penal Internacional.