Una jueza de Estados Unidos ha fallado este miércoles en favor de la Universidad de Harvard al considerar que el Gobierno de Estados Unidos actuó de manera "ilegal" cuando congeló más de 2.000 millones de dólares (más de 1.700 millones de euros) en fondos destinados a investigación para esta institución académica.
En su fallo, la jueza federal de distrito Allison Burroughs, de Boston, ha estimado que la Administración de Donald Trump violó los derechos de libertad de Harvard cuando en abril decidió suspender una amplia gama de becas de investigación, si bien no ha ordenado la liberación de esos fondos.
La magistrada ha señalado en un escrito de 84 páginas que Washington "utilizó el antisemitismo como cortina de humo para un ataque selectivo y motivado ideológicamente contra las principales universidades de este país, y lo hizo de una manera que contraviene" la legislación.
En esta línea, ha considerado además que las alegaciones de antisemitismo en la Universidad de Harvard era "en el mejor de los casos, arbitrario y, en el peor, un pretexto". La magistrada ha asegurado que las autoridades estadounidenses "tomaron represalias inadmisibles" contra este reputado centro académico "por negarse a capitular ante (sus) exigencias", teniendo en cuenta que ha batallado en los tribunales mientras otras universidades como la de Columbia han accedido a pagar cientos de millones de dólares para restaurar los fondos recortados por Trump, quien acusa a estos centros de violar las leyes contra la discriminación por acoger protestas propalestinas en sus campus.
La sentencia allana el camino para que se liberen los fondos a Harvard, si bien la jueza no lo ha ordenado, según recoge la agencia de noticias Bloomberg.
La respuesta de la Administración Trump ha llegado de la portavoz de la Casa Blanca Liz Huston, quien ha anunciado que el Gobierno recurrirá contra lo que ha calificado como un fallo "flagrante".
"Para cualquier observador imparcial, está claro que la Universidad de Harvard no protegió a sus estudiantes del acoso y permitió que la discriminación plagara su campus durante años", ha asegurado, por lo que ha sostenido que "no tiene derecho constitucional a recibir dinero de los contribuyentes y sigue sin ser elegible para recibir subvenciones en el futuro".
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