La CNMC considera que el Anteproyecto de Ley del Medicamento "va en la dirección correcta"

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha señalado que el Anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios "va en la dirección correcta", después de que se hayan incorporado al texto recomendaciones previas del organismo en materia de promoción de la competencia y buena regulación.

Así se desprende del Informe sobre el Anteproyecto de Ley que la CNMC ha publicado y en el que analiza, a solicitud del Ministerio de Sanidad, la normativa que está elaborando el departamento liderado por la ministra Mónica García, quien anunció hace unas semanas su intención de volver a llevar el texto al Consejo de Ministros en septiembre.

El organismo regulador ha valorado positivamente los cambios incluidos en la futura norma. Según ha detallado, la mayoría de ellos, como la reforma del sistema de precios de referencia y el mayor protagonismo de los pacientes a la hora de elegir los medicamentos, sigue las recomendaciones que plasmó en estudios previos.

Aun así, ha propuesto nuevas mejoras relacionadas con la comercialización, publicidad, transparencia o intervención en precios. Entre ellas, aconseja abrir la venta 'online' de medicamentos sin receta, que el texto actual reserva a las oficinas de farmacia, y permitir la venta a distancia de productos sanitarios financiados sin receta cuando se den las garantías necesarias.

En cuanto a las limitaciones de publicidad de los medicamentos, sugiere una mejor justificación de las restricciones e infracciones, así como de las excepciones para las campañas de salud pública. También recomienda que el anteproyecto recoja los criterios para sustituir autorizaciones por declaraciones responsables en los productos de bajo impacto en la salud.

Además, invita a flexibilizar el régimen de incompatibilidades en la cadena de suministro de medicamentos, que en la actualidad prohíbe la integración vertical entre los distintos agentes implicados. Según apunta, de no existir esta prohibición general podrían alcanzarse "eventuales eficiencias".

Entre sus propuestas, también se encuentra la de reducir la discrecionalidad a la hora de autorizar medicamentos, establecer plazos de resolución, y permitir subsanar errores o completar la información de las solicitudes. En esta línea, cuestiona la exigencia de licencias para algunos productos sanitarios y, en todo caso, aconseja simplificar el procedimiento para obtenerlas.

En el ámbito de la evaluación de tecnologías sanitarias, recomienda intensificar el papel de los informes de posicionamiento terapéutico (IPT), evitar duplicidades administrativas y motivar de forma adecuada las decisiones que se aparten de los aspectos recogidos en el informe científico de evaluación.

RECOMENDACIONES PARA LA FARMACIA RURAL

Por otra parte, insta a adoptar medidas concretas para las oficinas de farmacia en zonas aisladas o económicamente deprimidas, en línea con las propuestas recogidas en un estudio anterior. Igualmente, aconseja que se reconsidere la reserva de actividad para los directores técnicos farmacéuticos en las entidades de distribución.

Respecto a la transparencia en los acuerdos de financiación, llama a reforzar su publicidad, siempre que se respete la confidencialidad de la información comercialmente sensible. En todo caso, recuerda que la CNMC debe poder acceder a esta información cuando sea necesaria para sus funciones investigadoras.

Asimismo, recomienda una mayor concreción y justificación de la intervención de precios sobre medicamentos y productos sanitarios no incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS), además de considerar factores adicionales al precio para fijar márgenes de distribución e introducir un mecanismo de devolución al SNS ('clawback') por descuentos en la cadena de distribución.

En este punto, propone realizar una evaluación terapéutica y económica continua y repetida en el tiempo de los medicamentos innovadores, aprovechando el potencial de las nuevas tecnologías.

Por último, el informe solicita reforzar la transparencia y seguridad jurídica en la clasificación de empresas del programa Profarma, cuyo plan para el periodo 2025-2026 fue presentado por el Ministerio de Industria y Turismo el pasado lunes, y seguir las orientaciones de la CNMC en materia de contratación pública.