El Congreso de Perú ha ratificado este miércoles en segunda votación una ley de amnistía para policías, militares y grupos de autodefensa procesados por violaciones contra los Derechos Humanos durante el periodo de conflicto armado interno (1980-2000).
La iniciativa, ideada por el fujimorista Fernando Rospigliosi, ha contado con 16 votos a favor y once en contra de la Comisión Permanente de la cámara, según recoge la agencia de noticias estatal Andina.
La medida concierne a aquellos miembros del Ejército, de la Policía y de comités de autodefensa con procesos abiertos por presuntos crímenes tales como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Asimismo, se beneficiarán de la amnistía aquellos integrantes de los tres grupos mencionados mayores de 70 años que cuenten con una sentencia en firme por crímenes contra los Derechos Humanos.
Quienes no podrán acogerse a la medida de gracia son aquellos procesados por delitos de terrorismo o corrupción, cometidos durante estas dos décadas marcadas por numerosos atentados, golpes de Estado, acciones armadas y violencias generalizadas y sistemáticas contra las libertades por todas las partes del conflicto.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú ha mostrado su rechazo a la amnistía en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X en el que ha advertido de que esta norma "borra décadas de lucha por la justicia y la verdad" puesto que más de 156 condenas y 600 procesos por "graves" violaciones e Derechos Humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas "están en riesgo de quedar archivados, lo que constituiría un grave retroceso".
"Esta ley viola sentencias internacionales y protege a violadores de Derechos Humanos, no a la democracia", ha agregado el organismo, antes de denunciar que la medida "constituye un grave incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, al consolidar un marco normativo orientado a perpetuar la impunidad".
La Coordinadora ha aprovechado para denunciar el "creciente debilitamiento institucional, marcado por intentos de copamiento del sistema de justicia, ataques al Ministerio Público y decisiones impulsadas desde el Congreso con la complacencia del Poder Ejecutivo", y ha hecho un llamamiento "urgente" a la movilización ciudadana para mostrar su oposición a la ley.
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