La Paz, 27 may (EFE).- Un juzgado de la región boliviana de Potosí ordenó este martes paralizar el tratamiento en el Legislativo nacional de los contratos con la empresa rusa Uranium One Group y con la china CBC para la explotación del litio en esa zona en tanto no cuenten con los respectivos estudios de impacto ambiental.
El juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de la localidad de Colcha K concedió una tutela a la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl) que agrupa a 53 comunidades indígenas de esa provincia situada en Potosí.
"El 27 de mayo, nuestras 53 comunidades lograron una primera victoria judicial: el juez dictó medidas cautelares históricas que frenan el avance de proyectos extractivos que amenazan nuestros derechos colectivos, nuestras fuentes de agua y a la Madre Tierra", indicó la Cupconl en un comunicado de prensa.
Según la entidad, el juez dispuso la "suspensión inmediata del tratamiento legislativo" de los contratos con ambas empresas.
También instruyó al Ministerio de Hidrocarburos y Energías y a la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) "abstenerse de ejecutar cualquier obra o acción administrativa vinculada a esos contratos hasta que se resuelva el fondo del proceso y se garantice el cumplimiento de las normas sobre derechos humanos, ambientales y de la Madre Tierra".
La diputada Lissa Claros, de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), explicó a EFE que los pueblos indígenas del suroeste potosino, los "directos afectados", presentaron la acción popular que dio lugar a la decisión judicial.
Según Claros, que representa a Potosí en la Cámara Baja, una de las firmas ya hizo "pruebas piloto" en la zona y los pobladores denunciaron que "tan solo" con esas acciones se generó una "falta de abastecimiento de agua".
"Imagínese implantar una planta al cien por cien. Básicamente estaríamos hablando del exterminio de estos pueblos indígenas, es por eso que se ha solicitado esta medida cautelar", alertó.
Claros indicó que pidió a la presidencia de Diputados "que se archiven esos proyectos de ley" y recordó que en su momento, YLB señaló que el estudio de impacto ambiental se realizará después de la aprobación de los contratos en el Legislativo.
YLB señaló en un comunicado que "no ha sido notificada formalmente con ninguna audiencia de acción popular o de medidas cautelares" solicitadas por las comunidades de Nor Lípez.
La estatal aseguró que cuando eso ocurra, presentará un informe "con la argumentación técnica y legal debidamente respaldada que demostrará que no se ha vulnerado ningún derecho" y aseguró que los contratos señalados no están vigentes, por lo que negó que haya alguna operación derivada de los mismos.
El Gobierno de Luis Arce asegura que Bolivia tiene una de las mayores reservas de litio en el mundo, estimadas en unos 23 millones de toneladas, según un estudio estatal.
La mayor parte de estas reservas están en Uyuni, en Potosí, y también hay litio en menor proporción en los salares de Pastos Grandes, en el mismo departamento, y Coipasa, compartido entre el departamento de Oruro y Chile.
El Ejecutivo boliviano firmó en 2023 acuerdos para la implementación de la tecnología de extracción directa del litio (EDL) con las compañías chinas CBC y Citic Guoan y en 2024 con la empresa rusa Uranium One Group para el diseño y construcción de plantas de carbonato de litio.
En 2024 se formalizaron los acuerdos con Uranium One Group y CBC mediante la firma de contratos que fueron enviados al Legislativo para su análisis y aprobación, aunque en febrero se suspendió su tratamiento para socializar el contenido de los documentos, ante los fuertes reclamos y dudas de las organizaciones de Potosí. EFE
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