La principal emisora pública de Estados Unidos, la National Public Radio (NPR), ha presentado una denuncia contra el Gobierno de Donald Trump en la que le acusa de incurrir en "una clara violación de la Constitución" por ordenar la retirada de los fondos federales, en concreto por incumplir la Primera Enmienda que consagra la libertad de prensa y de expresión
Trump firmó a principios de mes una orden ejecutiva para pedir la suspensión de la financiación gubernamental a la NPR y la cadena PBS, también pública, tras acusar a ambas de ofrecer una cobertura "sesgada" de las noticias. NPR, junto a tres filiales de Colorado, busca ahora frenar en los tribunales las directrices del magnate republicano, que temen especialmente pueda afectar a nivel local.
Argumentan que la medida "amenaza la existencia de un sistema de radio pública del que dependen millones de estadounidenses en todo el país para recibir noticias e información esenciales", según consta en el texto recogido por la propia emisora y sobre el que la Casa Blanca no se ha pronunciado inicialmente.
La presidenta de NPR, Katherine Maher, ha alegado en un comunicado que, "en numerosas ocasiones", el Tribunal Supremo ha dictaminado "que el Gobierno no tiene el derecho de determinar qué se entiende como 'sesgado'" y ha reivindicado el compromiso de la empresa "con una prensa libre independiente y con la integridad periodística".
La orden de Trump exhortaba a la Corporación para la Radiotelevisión Pública (CPB), una entidad sin ánimo de lucro que teóricamente queda al margen de los arbitrios del presidente, a dejar de financiar tanto a la NPR como a la PBS, lo que ya anticipaba dudas de tipo jurídico.
Cada año, la CPB distribuye unos 535 millones de dólares de fondos públicos a distintas emisoras y cadenas de televisión para garantizar, entre otras cosas, un acceso universal a la información. Corresponde al Congreso y no al presidente dar luz verde a estos fondos.
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