
Ciudad de México, 26 may (EFE).- La magistrada Arely Reyes Terán, aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propuso en entrevista con EFE revisar al menos tres décadas de jurisprudencia que, según dijo, han favorecido a grupos privilegiados y marginado a trabajadores, mujeres y pueblos indígenas.
Reyes Terán, con más de 40 años de carrera en el servicio público, argumentó que muchas resoluciones judiciales han protegido intereses empresariales mientras han recortado derechos adquiridos de sectores vulnerables.
La candidata, que compite con el 25 en las papeletas moradas para elegir a nueve ministros del máximo tribunal del país en las inéditas elecciones judiciales del próximo domingo 1 de junio, citó como ejemplo la resolución sobre la Ley del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores) de 2007, que permitió la transición del sistema solidario de pensiones a uno de cuentas individuales, afectando prestaciones clave para miles de trabajadores.
“En los últimos 35 años venía resolviendo de una manera que privilegiaba los derechos de un pequeño grupo de la sociedad que tenía que ver con empresas nacionales o transnacionales y resolvía también en perjuicio del grueso de la población”, afirmó.
La magistrada, originaria del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca (sur de México) y radicada en el central estado de Puebla desde hace más de tres décadas, destacó la exclusión que padecen comunidades indígenas en el acceso a la justicia.
Durante su campaña, documentó denuncias de la falta de intérpretes adecuados, audiencias sin traductores certificados y la ausencia total de contacto con jueces o ministros.
Además, indicó que otro tema que afecta a las comunidades originarias son las consultas públicas, que se establecieron para preguntar a los indígenas sobre modificaciones en infraestructura en sus territorios, pues afirmó que no son vinculantes y muchas veces atropellan los ideales de las comunidades.
También propuso simplificar el lenguaje de las sentencias para que sean comprensibles para la ciudadanía.
“Pienso (que las resoluciones) deben ser explicadas de una manera muy muy entendible, no con tantos tecnicismos jurídicos como estamos acostumbrados los abogados, sino de una manera más sencilla”, señaló.
Reyes Terán se define como una abogada feminista de la igualdad, “todavía creyente en los principios de la modernidad: libertad, igualdad y fraternidad”.
Desde esa óptica, cuestionó el tratamiento que el sistema penal acusatorio da a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, al privilegiar la suspensión condicional del proceso y medidas terapéuticas que no garantizan justicia ni reinserción social.
Reyes Terán criticó abiertamente lo que llamó “familismo” en el Poder Judicial: la existencia de redes de parentesco legalmente permitidas, pero éticamente cuestionables, un nepotismo que la propia elección judicial busca erradicar.
Según dijo, más del 70 % de los funcionarios del sistema judicial tienen vínculos familiares con miembros del sistema judicial mexicano, lo que ha derivado en un sesgo estructural.
Además, sostuvo que los métodos de evaluación interna deben cambiar.
“Generalmente lo que se hacen los poderes judiciales en general es revisar de manera estadística, de manera cuantitativa, no cualitativa”, indicó.
Arely Reyes Terán fue jueza de primera instancia por 25 años, subdelegada de la entonces Procuraduría General de la República, contralora en la fiscalía de Puebla, integrante del fisco y pionera en obtener una sentencia condenatoria por lavado de dinero en esa entidad.
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