El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, ha anunciado la extradición de uno de los jefes del grupo criminal de origen brasileño Primer Comando de la Capital Marcos Roberto Almeida, alias 'Tuta', de 52 años, sin cumplir con el procedimiento legal.
Almeida fue entregado a la Policía Federal de Brasil el 18 de mayo, al día siguiente de ser apresado por autoridades bolivianas. La entrega se realizó de forma exprés, sin conocimiento ni autorización de la Fiscalía, a pesar de que el detenido tenía procesos pendientes en Bolivia por uso de documentación falsa y cargos vinculados con el narcotráfico, según recoge el diario boliviano 'El País'.
"Este operativo se constituye en un golpe importante contra el crimen organizado transnacional y refuerza la coordinación efectiva entre las fuerzas del orden de la región", destacó el entonces ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, solo dos horas antes de dejar su cargo para postularse a la Presidencia.
Mariaca ha explicado que Almeida ya estaba siendo procesado en Bolivia y tenía una audiencia de medidas cautelares prevista para el domingo 19 de mayo. Por ello, Mariaca ha anunciado la apertura de investigaciones para establecer responsabilidades y ha recordado que la Policía está obligada a coordinar sus acciones con el Ministerio Público. Por todo ello, considera que el procedimiento de extradición no fue cumplido conforme a lo que exige la ley: "Tras realizar la imputación formal en la mañana del domingo (19 de mayo), debía llevarse adelante la audiencia cautelar", ha subrayado.
"Lo que nos preocupa como Ministerio Público -y a mí como su máxima autoridad- es que, sin notificación previa, sin orden judicial y estando el imputado bajo proceso, se haya dispuesto su traslado a otro país", se ha lamentado.
Fuentes de Interpol y la Policía boliviana aseguran que el 18 de mayo se ejecutó una "expulsión" por razones migratorias, un procedimiento administrativo que usualmente consiste en escoltar al extranjero hasta la frontera. No obstante, este mecanismo no debió aplicarse en el caso de Almeida, quien tenía una imputación formal vigente y debía ser presentado ante un juez.
El nuevo ministro de Gobierno, Roberto Ríos, no ha respondido al cuestionamiento del fiscal general ni ha dado explicaciones sobre la cercanía de oficiales policiales con el sospechoso. Días después fue detenido un mayor de Policía acusado de haber brindado protección a Almeida. Fuentes de la investigación sostienen que detrás de los agentes involucrados podría operar una red con vínculos son el poder político.
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