El Gobierno de México ha denunciado a última hora de este sábado las críticas recibidas por parte del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas y asegurado que en modo alguno tolera y permite este delito.
La comisión, cabe recordar, ha dictado medidas cautelares a México para que proteja las fosas comunes del Rancho Izaguirre, en Jalisco, una finca empleada por el cártel Jalisco Nueva Generación como centro de detención ilegal y exterminio; y alertado de que hay indicios de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio mexicano.
En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de México ha publicado una nota de protesta en la que asegura que "rechaza las declaraciones de integrantes del Comité entorno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado" y recuerda que "mantiene una cooperación sostenida" con el comité "en su calidad de Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas".
"El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado", añade el Ministerio antes de recordar que su compromiso con "el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la atención de las causas de la violencia".
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