Nueva York, 11 mar (EFE).- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó este martes que se enviaron 2.000 cartas de despido a guardias de prisiones del estado que no se presentaron a trabajar el lunes, tras concluir la huelga que agentes penitenciarios mantuvieron durante 22 días exigiendo mejores condiciones laborales.
También detalló en un comunicado que más de 6.000 miembros de la Guardia Nacional -que fueron movilizados durante la huelga- siguen desplegados en las prisiones para mantener la seguridad junto con el personal de las cárceles.
El fin de la huelga -que está prohibida para empleados públicos- se produce luego de cuatro intentos de llegar a un acuerdo que abordara las preocupaciones en materia de seguridad y compensación, indicó.
El acuerdo final se logró el sábado, tras el que el 85 % de los empleados debía de regresar el lunes a trabajar y aunque esa meta no se logró, Hochul aseguró que el estado cumplirá con su parte de lo estipulado.
"Mi máxima prioridad es la seguridad y el bienestar de todos los neoyorquinos, y he estado trabajando las 24 horas del día para poner fin a este paro laboral ilegal y restablecer la seguridad en nuestro sistema penitenciario", señaló Hochul.
"Hoy, finalmente podemos decir que este paro laboral ha terminado y avanzamos para hacer que nuestras prisiones sean más seguras para todos, apoyando a nuestro personal y reclutando a los oficiales penitenciarios del futuro", añadió.
Durante el paro laboral en una treintena de cárceles, que no fue convocada por el sindicato que les representa, la Asociación Benevolente de Oficiales de Corrección y Policías del Estado de Nueva York, murieron siete presos en varios centros, según reportó The New York Times la pasada semana, entre ellos dos porque presuntamente no recibieron atención médica rápida y otro se ahorcó en su celda sin que hubiera nadie cerca para intervenir.
La gobernadora también firmó una orden ejecutiva que prohíbe contratar en la jurisdicción estatal y en las locales a los oficiales de prisiones que participen en una huelga indefinida y recomienda que se les elimine del Registro Central de Oficiales de Policía y Paz.
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