El Gobierno de Brasil ha acusado este miércoles a Estados Unidos de politizar las decisiones judiciales brasileñas en el marco de una disputa sobre restricciones a la libertad de expresión, después de que un juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ordenara la suspensión de un canal de vídeos propiedad de una empresa del presidente estadounidense, Donald Trump.
El Ministerio de Exteriores de Brasil ha emitido un comunicado en el que "rechaza firmemente cualquier intento de politizar las decisiones judiciales y subraya la importancia de respetar el principio republicano de separación de poderes, consagrado en la Constitución" de 1988.
La cartera ministerial se ha mostrado "sorprendida por un comunicado divulgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre una demanda interpuesta por empresas privadas de ese país para evitar el cumplimiento de decisiones del Supremo".
"La declaración distorsiona el sentido de las decisiones del Supremo, cuyos efectos pretenden garantizar la aplicación, en el territorio brasileño, de la legislación brasileña pertinente, incluida la exigencia obligatoria de designar un representante legal para toda empresa que actúe en Brasil", reza el texto.
Brasilia ha señalado que "la libertad de expresión, un derecho fundamental consagrado en el ordenamiento jurídico brasileño, debe ejercerse en Brasil de conformidad con los demás principios jurídicos vigentes, especialmente los del ámbito penal".
Por último, ha denunciado que "el Estado brasileño y sus instituciones republicanas han sido blanco de una campaña antidemocrática orquestada a partir de la difusión masiva de desinformación en las redes sociales".
"Los hechos del intento de golpe de Estado contra la soberanía popular, tras las elecciones presidenciales de 2022, son objeto de un proceso judicial en curso en el sistema judicial brasileño", concluye el texto.
El Departamento de Estado estadounidense había indicado que "el respeto a la soberanía es una vía de doble sentido con todos los socios de Estados Unidos, incluido Brasil", y "bloquear el acceso a la información e imponer multas a empresas con sede en EEUU por negarse a censurar a personas que viven en EEUU es incompatble con los valores democráticos, incluida la libertad de expresión".
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