Kabul, 27 feb (EFE).- Un retroceso dramático de los derechos de las mujeres y las minorías étnicas y religiosas, un incremento de la inseguridad y una pobreza alarmante; esa es la herencia que dejó en Afganistán el Acuerdo de Doha, firmado en Catar el 29 de febrero de 2020 entre Estados Unidos y los talibanes, y que dio vía libre a los fundamentalistas para acceder al poder.
El acuerdo, firmado durante la primera Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, incluía la retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán y se presentó como la semilla del diálogo entre el Gobierno de la República y los talibanes. Sin embargo, este diálogo nunca sucedió y, en su lugar, desembocó en la caída de Kabul en agosto de 2021.
Casi cinco años después de su firma, el panorama es desolador para la población afgana. Durante el Gobierno de la depuesta República, la situación ya era angustiosa, pero la crisis económica y humanitaria no ha hecho más que agravarse bajo el nuevo régimen.
Las mujeres han sido la cara más visible de este retroceso, tras ser despojadas de sus derechos más básicos y recluidas casi por completo al ámbito privado, como sucedió en el primer régimen de los fundamentalistas (1996-2001).
"Las mujeres afganas habían alcanzado un buen estatus en el Gobierno anterior gracias a sus incansables esfuerzos. Eran activas en la política, la economía, la educación, los deportes y todos los aspectos de la vida", dijo a EFE la activista Hamta Dawood, que recuerda que un 37 % del Parlamento estaba compuesto por mujeres.
"Pero ahora todos estos logros han sido destruidos", lamentó.
Al ascenso de los talibanes le siguió un goteo de restricciones contra las mujeres a quienes vetaron el acceso a la educación secundaria y superior, que salieran a la calle sin estar acompañadas por un tutor masculino o trabajar en la mayoría de empleos, entre otras cosas.
Esto desató las condenas de la comunidad internacional, que se incrementaron aún más cuando los fundamentalistas prohibieron el pasado agosto la voz de las mujeres en público.
"Doha les ha quitado todo a las mujeres afganas. Hoy, las mujeres afganas no tienen voz ni posición. Son víctimas de las políticas inhumanas de Trump", dijo a EFE otra activista afgana, Mina Rafiq.
La represión de los talibanes también ha alcanzado a otros estratos de la sociedad, como las minorías étnicas y religiosas, que denuncian que el Gobierno de facto pone trabas a sus reuniones y no hace nada para protegerlos de los atentados del Estado Islámico de Khorasan, la rama afgana de ese grupo yihadista.
"Anteriormente, notificábamos a las agencias de seguridad sobre nuestras reuniones religiosas y celebrábamos nuestras ceremonias. Ahora, no solo están restringidas todas las reuniones, sino que incluso para las ceremonias importantes, debemos pasar por un largo proceso para obtener el permiso", dijo a EFE un erudito religioso chií de Kabul, bajo condición de anonimato.
Los ataques del EI, enemistados con los talibanes, se han multiplicado desde agosto de 2021. Además de estar dirigidos contra las fuerzas de seguridad del Gobierno de facto, la minoría hazara, formada principalmente por musulmanes chiíes, es otro de sus objetivos habituales.
Según los registros de la ONU, más de mil personas han muerto y miles han resultado heridas por la violencia armada en Afganistán en los tres últimos años, la mayoría de ellas en ataques atribuidos al grupo suní EI, a pesar de que los talibanes llegaron al poder con la promesa de poner fin a la inseguridad.
Esta inseguridad se ha trasladado a los países vecinos, que acusan a los talibanes de cobijar a grupos insurgentes que preparan sus ataques desde Afganistán. Una de las promesas que los talibanes hicieron a Estados Unidos en el Acuerdo de Doha fue la de evitar que el país se convirtiese en un nido de terroristas.
El índice de pobreza era alto en Afganistán antes de la llegada de los talibanes, situándose en el 47,1 % según datos del Banco Mundial, y en 2023 seguía afectando a casi una de cada dos personas.
En este sentido, la ONU advirtió recientemente que 23 millones de afganos -cerca de la mitad de la población- requerirán ayuda humanitaria para sobrevivir en 2025.
El aislacionismo que vive Afganistán desde agosto de 2021 ha profundizado su crisis económica, víctima de sanciones internacionales, sin acceso a los mercados y sistemas financieros globales, y testigo de una reducción de las ayudas que han pausado casi por completo las iniciativas de decenas de organizaciones humanitarias que eran fundamentales para el día a día de la población afgana. EFE
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