La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha sancionado con más de 20 millones de euros en 2024 a empresas debido a infracciones en materia de registro de jornada, tanto por el control del registro como por el tiempo de trabajo y las horas 'extraordinarias', lo que supone un 8,78% más respecto al año previo, cuando el monto total de sanciones ascendió a 18,56 millones.
De esta manera, según datos de la Inspección de Trabajo, la cuantía del importe de las sanciones fue en 2024 de 2,99 millones de euros en el caso del control de registro de jornada, afectando a 21.649 trabajadores, con 1.869 infracciones y 9.097 actuaciones.
Por su lado, las sanciones por el tiempo de trabajo y las horas 'extraordinarias' alcanzaron un valor de 17,2 millones de euros, afectaron a 147.861 trabajadores, que supusieron 13.681 infracciones repartidas en 38.686 actuaciones.
En 2023, las sanciones por control de jornada alcanzaron los 3,06 millones de euros y por tiempo de trabajo y horas 'extras', 15,5 millones. Por su lado, los trabajadores afectados fueron 20.414 y 147.861, respectivamente.
CUANTÍA CASI TRIPLICADA DESDE QUE ENTRÓ EN VIGOR EL REGISTRO DE JORNADA
Los datos de la Inspección de Trabajo demuestran también que la cuantía de las sanciones casi se han triplicado desde 2019, año de entrada en vigor del registro de jornada obligatorio.
Así, en 2019 las sanciones fueron de 6,88 millones de euros: 6,3 millones en el caso del tiempo de trabajo y horas 'extraordinarias' y 580.000 euros por el control del registro de jornada. Esto afectó, respectivamente, a 78.560 y 8.929 personas trabajadoras.
Desde el Ministerio de Trabajo, han insistido en que el control del tiempo de trabajo es "uno de los objetivos prioritarios" de la Inspección y que el incumplimiento del horario o la existencia de horas 'extra' no retribuidas ni compensadas por descanso tiene consecuencias "en materia no solo laboral, sino también de Seguridad Social".
El aumento de las multas y las cuantías de las mismas se produce en pleno debate sobre la reducción de la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas, anteproyecto de ley que aprobó esta semana el Consejo de Ministros y que incorpora también un nuevo registro horario digital obligatorio para todas las empresas y un aumento de las multas por incumplir la jornada, que pueden llegar hasta los 10.000 euros.
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