San Salvador, 5 feb (EFE).- La Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), una organización comunitaria, denunció este miércoles que la corte encargada del proceso contra cinco líderes comunitarios y ambientalistas por un supuesto homicidio cometido en 1989, en el contexto de la guerra salvadoreña (1980-1992), está dilatando el comienzo de un nuevo juicio.
Un juzgado de Sentencia aplazó el pasado 3 de febrero el inicio del nuevo juicio que enfrentarán ambientalistas por su incomparecencia, según informó uno de los abogados defensores.
Ante esto ADES señaló en un comunicado difundido en redes sociales que esta decisión es "una acción dilatoria con el objetivo de alargar aún más el injusto proceso penal contra nuestros líderes comunitarios".
Apuntó que reformas recientes al Código Penal salvadoreño permiten realizar audiencias de vista pública sin la presencia de los acusados, por lo tanto "no es válido argumentar su ausencia como motivo de suspensión del nuevo juicio", indicó.
La organización, de la que son parte los líderes comunitarios procesados, denunció nuevamente "lo ilegal de este doble juzgamiento que transgrede el principio del debido proceso penal, según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa".
De acuerdo con un comunicado compartido el lunes, los ambientalistas decidieron no presentarse a la cita penal porque, de acuerdo con lo que expusieron, "no existe garantía de un juicio justo y legal".
"Consideramos que ya fuimos procesados y nos sometimos hasta llegar a la vista pública (juicio) donde fuimos puestos en libertad por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque", indicaron en referencia a un primer juicio realizado en 2024, cuya resolución de sobreseimiento del proceso fue revertida por un tribunal de apelaciones, que ordenó un nuevo juicio en otro juzgado.
Los ambientalistas son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, que son procesados desde enero de 2023.
También está involucrado Fidel Recinos, que no pertenece a la remota comunidad de Santa Marta -de la que son residentes los ambientalistas-, ubicada en el distrito de Victoria, que es reconocida por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica.
Además son procesados Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos -uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a la guerra interna- y Arturo Serrano Ascencio.
La Fiscalía General señaló en su momento que "todos los procesados" son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, el 22 de agosto de 1989, sin que haya dado mayores detalles del caso, puesto bajo reserva.EFE
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