El Supremo de Brasil discute cómo ponerle fin a la violencia policial en Río de Janeiro

Brasilia, 5 feb (EFE).- La Corte Suprema de Brasil comenzó a debatir este miércoles una serie de medidas para ponerle fin a la violencia policial en Río de Janeiro, que deja cientos de víctimas inocentes cada año, sobre todo en las populosas favelas de la ciudad.

El asunto llegó al tribunal a través de una demanda presentada por el Partido Socialista, que acusa a las autoridades de Río de Janeiro de violar diversos principios constitucionales, entre los que cita la dignidad de las personas y el derecho a la vida.

El juez Edson Fachin, relator del caso, admitió que muchas de las favelas de Río están bajo el control de violentas bandas del narcotráfico, pero lo atribuyó a la "ausencia de un Estado" que "incumple" algunas de sus "obligaciones primarias".

En ese contexto, agregó que el Estado también viola los preceptos constitucionales cuando intenta remediar sus "propias omisiones" con el "uso indiscriminado de la violencia policial".

Desde 2019, el Supremo ha dictado diversas medidas cautelares en las que ha solicitado a las autoridades de Río el diseño de políticas de seguridad que eviten las muertes de inocentes, sobre todo en los barrios más pobres de la ciudad, muchos controlados por bandas del narcotráfico.

Sin embargo, ha encontrado poco eco en el Gobierno regional, que ha mantenido una política de mano dura contra la delincuencia que, el año pasado, dejó 504 muertos en 475 operaciones policiales.

Frente a eso, Fachin propuso una serie de medidas para controlar el trabajo de los policías y "también para protegerlos", pues son "un brazo fundamental para las garantías constitucionales".

Entre muchas otras, citó algunas que ya había sugerido, como que los agentes usen cámaras corporales que registren sus acciones, algo resistido por la mayoría de los gobernadores del país, responsables de la seguridad en sus estados.

También que la policía se "abstenga" de usar helicópteros como "plataformas de tiro" y se ofrezcan datos detallados sobre cada operación, que en ningún caso podrán ser realizadas sin aviso en los alrededores de escuelas u hospitales.

Asimismo, que los posibles abusos policiales sean investigados por comités independientes y no por los propios organismos, como ocurre actualmente.

La propuesta de Fachin será analizada en próximas sesiones por los otros diez miembros del tribunal, y si fuera aprobada, tendrá carácter obligatorio para las autoridades de Río de Janeiro, que en caso de incumplimiento deberán responder ante los tribunales.

Según un informe enviado a la corte por el Ministerio Público de Río, entre 2021 y 2024 "el número de operaciones aumentó y la mortalidad disminuyó", pero no deja de ser "preocupante" y "muy por encima de la media nacional".

El documento dice que, en 2023, las acciones de la policía en Río de Janeiro dejaron 5,4 muertes cada 100.000 habitantes, cuando el promedio de la tasa de mortalidad a nivel nacional era de 1,8. EFE