San Salvador, 3 feb (EFE).- Una corte penal de El Salvador aplazó este lunes el inicio del nuevo juicio que enfrentarán cinco líderes comunitarios y ambientalistas por un supuesto homicidio cometido en 1989, en el contexto de la guerra civil (1980-1992), por su incomparecencia, según informó uno de los abogados defensores.
El abogado Vladimir Perla dijo a periodistas que el juzgado asignado al proceso dio 5 días para justificar su ausencia.
Se tenía previsto que el juicio comenzara en el Centro Judicial Integrado de la localidad Ciudad Delgado, cercana a San Salvador.
"Se suspendió la vista pública por la incomparecencia de los imputados", indicó Perla, y señaló que el desarrollo del juicio se programó para los días 9,10 y 11 de abril próximo.
De acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales, los ambientalistas decidieron no presentarse al proceso porque "no existe garantía de un juicio justo y legal".
"Consideramos que ya fuimos procesados y nos sometimos hasta llegar a la vista pública (juicio) donde fuimos puestos en libertad por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque", indicaron en referencia a un primer juicio realizado en 2024, cuya resolución de sobreseimiento del proceso fue revertida por un tribunal de apelaciones, que ordenó un nuevo juicio en otro juzgado.
Añadieron, de acuerdo con el escrito, que "nosotros somos inocentes y no queremos validar una farsa de un Sistema de Justicia coaptado por el régimen de turno y que no ofrece ninguna garantía de un debido proceso y de nuestra seguridad e integridad, por ello hemos decidido resguardarnos para proteger nuestra integridad".
Los ambientalistas denunciaron que se trata de una "persecución política" por su postura contra la reactivación de la minería metálica en el país.
"El verdadero delito nuestro es oponernos a la contaminación y la destrucción ambiental de los proyectos mineros que amenazan el agua, la salud y la vida de la población del departamento de Cabañas y de todo nuestro país", subrayaron.
Los ambientalistas son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, que son procesados desde enero de 2023 y pertenecen a la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES).
También está involucrado Fidel Recinos, que no pertenece a la remota comunidad de Santa Marta -de la que son residentes los ambientalistas-, ubicada en el distrito de Victoria, que es reconocida por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica.
Además son procesados Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos -uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a la guerra interna- y Arturo Serrano Ascencio.
La Fiscalía General señaló en su momento que "todos los procesados" son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, el 22 de agosto de 1989, sin que haya dado mayores detalles del caso, puesto bajo reserva. EFE
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