El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reiterado este jueves su preocupación sobre la situación en Birmania, donde más de un tercio de la población necesita ayuda humanitaria, cuando se cumplen cuatro años desde que el Ejército tomara el poder, anulando los resultados de las elecciones generales de finales de 2020 y desatando una dura campaña de represión contra opositores.
"Más de 19,9 millones de personas en Birmania necesitan ayuda humanitaria, frente al millón que la necesitaba antes de que los militares tomaran el poder hace cuatro años", ha alertado el secretario en palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric.
Por ello, ha pedido que las fuerzas regulares birmanas así como los grupos insurgentes que controlan parte del país garanticen "un acceso sin trabas para que la ONU y sus socios puedan seguir prestando ayuda humanitaria y servicios esenciales".
Asimismo, ha reiterado su "preocupación" ante los planes anunciados de la junta militar birmana de celebrar elecciones generales en 2025 pese a "la intensificación del conflicto, incluidos los bombardeos aéreos y las violaciones generalizadas de Derechos Humanos, y sin condiciones que permitan al pueblo de Birmania ejercer libre y pacíficamente sus derechos políticos, incluidas la seguridad y la protección".
Guterres ha vuelto a pedir a las distintas partes en conflicto que cesen las "hostilidades" y ayuden al pueblo birmano a "forjar una transición democrática inclusiva y el retorno al gobierno civil".
En este sentido, ha instado a los países de la zona a que "garanticen el acceso a la seguridad y la protección a quienes huyen del conflicto y la persecución", y a la comunidad internacional a que "preste mayor apoyo a los países que acogen a refugiados" birmanos, especialmente el caso del vecino Bangladesh.
"Un futuro viable para Birmania debe garantizar la seguridad, la rendición de cuentas y las oportunidades para todas sus comunidades, incluidos los rohingyá, y abordar las causas profundas del conflicto, la discriminación y la privación de derechos en todas sus formas", ha declarado.
"El secretario general condena todas las formas de violencia y pide a todas las partes en el conflicto que actúen con la máxima moderación, respeten los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y eviten que se siga incitando a la violencia y a las tensiones entre comunidades", ha añadido Dujarric.
El golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Aung San Suu Kyi se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.
La asonada fue el inicio de una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes. La Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP) estima que más de 27.000 personas han sido detenidas desde el golpe de Estado, de las cuales 20.715 siguen encarceladas. Además, la AAPP cifra en 5.480 los fallecidos como consecuencia de la acción violenta de las fuerzas militares desde entonces.
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