Glasgow (R. Unido), 30 ene (EFE).- El tribunal de Sesiones de Edimburgo (norte del Reino Unido) dictaminó este jueves que la aprobación de los yacimientos de Rosebank y Jackdaw, en el Mar del Norte, fue concedida de forma ilegal y sus propietarios, las petroleras Shell y Equinor, deberán solicitar una nueva autorización al gobierno británico antes de iniciar la producción.
El fallo responde a una demanda presentada por las organizaciones ecologistas Uplift y Greenpeace, que alegaron que los permisos fueron otorgados sin una evaluación adecuada del impacto ambiental, omitiendo las emisiones generadas por la quema del petróleo y gas extraídos, lo que compromete la seguridad climática y la vida marina.
El juez Lord Ericht ordenó una evaluación más detallada de estos efectos y señaló que, si bien ambos yacimientos pueden continuar mientras se recopila la nueva información, no se podrá extraer petróleo ni gas sin una nueva aprobación.
El yacimiento de gas Jackdaw fue aprobado en 2022 por el anterior gobierno conservador de Londres, mientras que el de Rosebank, ubicado a 80 millas (cerca de 130 km) al oeste de Shetland, en el Atlántico Norte, recibió luz verde en el otoño de 2023.
Ericht señaló que existe un “interés público” en reconsiderar la decisión de acuerdo a la ley, dado el impacto del cambio climático, que a su juicio, supera los intereses de las empresas.
La directora de Uplift, Tessa Khan, celebró el fallo como un acto de "sentido común", y pidió al gobierno que rechace los proyectos, mientras que el asesor climático de Greenpeace en el Reino Unido Charlie Kronick afirmó que otorgar la autorización sería incompatible con los compromisos climáticos del Reino Unido para reducir sus emisiones de carbono.
Las empresas involucradas, Shell y Equinor, defienden que los proyectos son esenciales para la seguridad energética del Reino Unido y destacan que Rosebank generará una inversión de 2.200 millones de libras (2.628 millones de euros).
La Corte Suprema del Reino Unido ya había establecido el pasado junio que las evaluaciones de impacto ambiental deben incluir las emisiones 'downstream', es decir, las generadas por la quema de los combustibles extraídos.
El Ejecutivo laborista de Keir Starmer anunció en agosto que no defendería los permisos y que trabaja en una nueva regulación ambiental para brindar claridad a la industria. EFE
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