Washington, 17 ene (EFE).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado los aranceles como "las palabras más bellas" en inglés. Ahora, a solo unos días de volver a la Casa Blanca, planea convertirlos en su arma económica predilecta, pero ¿cómo piensa aplicarlos?
El equipo de Trump contempla tres posibles estrategias: retomar el enfoque tradicional que utilizó en su primer mandato, acelerar el proceso mediante una declaración de emergencia nacional o limitar los aranceles a sectores específicos para reducir su impacto en los consumidores.
Como ya hizo durante su primer mandato (2017-2021), Trump ha recurrido a la retórica para prometer aranceles sobre los tres mayores socios comerciales de Estados Unidos, Canadá, México y China, una vez que tome posesión como presidente el 20 de enero.
En concreto, ha anunciado un gravamen del 60 % a las importaciones chinas, un 25 % a las procedentes de Canadá y México hasta que refuercen sus medidas contra el narcotráfico y la inmigración irregular y entre un 10 % y un 20 % a productos del resto del mundo, incluida la Unión Europea.
Para materializar estas promesas Trump podría repetir la estrategia de su mandato "1.0" y recurrir a las secciones 232 y 301 de la Ley de Comercio de 1974, que otorgan al presidente amplios poderes para imponer aranceles si detecta riesgos para la seguridad nacional o prácticas comerciales injustas por parte de otros países.
Estas herramientas, usadas también por Joe Biden contra China, son sólidas desde el punto de vista legal, aunque implican procesos administrativos largos.
Además, como el proceso es tan largo y está abierto a los comentarios de los sectores implicados, las grandes empresas estadounidenses pueden ejercer cierta influencia sobre la Administración para lograr excepciones en ciertas importaciones, como ocurrió durante el primer mandato de Trump.
Para actuar con mayor rapidez, una opción que está ganando fuerza es la de declarar una emergencia económica nacional recurriendo a la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977 (IEEPA), que daría a Trump la justificación legal que necesita para imponer todos los aranceles que quiera.
Específicamente, al declarar una emergencia nacional, Trump podría unilateralmente decidir qué importaciones entran al país y cuántos aranceles deben pagar en aduanas.
En 2019, en su primer mandato, Trump amenazó con usar esta ley para imponer aranceles sobre todas las importaciones mexicanas, aunque finalmente retrocedió tras lograr concesiones migratorias del Gobierno mexicano.
Este enfoque, aunque ágil, enfrentaría casi con seguridad la oposición de grupos empresariales influyentes, como la Cámara de Comercio, y sectores del Partido Republicano que aún defienden el libre comercio.
Además, podría alimentar la inflación y perjudicar la popularidad del presidente, quien justo ganó las elecciones de noviembre aupado por el descontento popular con el aumento de los precios.
Ante la posibilidad de un aumento de la inflación, otra opción que se baraja es aplicar aranceles a todos los países que exportan hacia Estados Unidos, pero únicamente sobre sectores específicos, según informó este mes el diario The Washington Post, citando fuentes cercanas al asunto.
Esta estrategia buscaría proteger a los consumidores estadounidenses del impacto directo de los aranceles y, al mismo tiempo, impulsar la manufactura nacional en áreas que Trump desea fortalecer, como la industria de la defensa, mediante gravámenes sobre materiales como acero, hierro, aluminio y cobre.
Trump, sin embargo, ha desmentido estar considerando esta opción. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, calificó de "errónea" la información del Post poco después de su difusión.
A pesar de ello, CNN ha informado de que algunos integrantes del equipo de Trump están tratando de persuadirle para que implemente aranceles limitados con el fin de evitar un impacto económico significativo en el país.
Según un estudio del Instituto Peterson, que defiende el libre comercio, los aranceles planteados por Trump podrían suponer un coste adicional de unos 2.600 dólares al año para cada hogar estadounidense. EFE
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