Llegó el día. Tres meses después de denunciar a Íñigo Errejón por agresión sexual, Elisa Mouliaá y el exdiputado de 'Sumar' han declarado ante el juez Adolfo Carretero en los Juzgados de Plaza de Castilla.
Cabe recordar que dicha declaración estaba fijada para el pasado mes de noviembre, pero el magistrado decidió archivar la causa debido a la baja médica -por su avanzado embarazo- de la abogada de la actriz, después de que la denunciante se negara a designar otro letrado de su confianza que sustituyera a Carla Vall. Algo que recurría la defensa del expolítico, apuntando que la denuncia de Mouliaá era falsa y que Errejón quería tener la oportunidad de defender su inocencia ante la Justicia cuanto antes.
Un recurso que el juez estimó, acordando reabrir la causa y citando a ambos para este jueves. A la artista a las 10.30 horas, y al exportavoz de 'Sumar' en el Congreso de los Diputados una hora y media después, a las 12.30, para evitar su cara a cara tratándose de una denuncia por agresión sexual.
Puntual, Elisa salía de su domicilio este jueves en torno a las 10.00 de la mañana guardando silencio ante las preguntas de Europa Press, y tras confundirse de taxi -algo que se tomó con sentido del humor, rompiendo a reír a pesar de que se enfrenta a uno de los momentos más decisivos de su vida- y se encontraba con su nuevo abogado, el penalista Alfredo Arrién (que también defiende a Leslie Ochoa en su causa contra Nacho Cano) para poner rumbo al Juzgado de Instrucción número 47 para declarar ante el juez.
Rodeada de una nube de cámaras y reporteros, Mouliaá ha llegado a Plaza de Castilla y ha optado por acceder al Juzgado por la puerta trasera. Visiblemente nerviosa, y abrumada por las preguntas de la prensa, la actriz ha guardado silencio y ha evitado adelantar ningún detalle de lo que contará al magistrado. "Quiero estar concentrada por favor" reconocía muy tensa, dejando claro que mantiene "absolutamente" su testimonio acerca de la presunta agresión sexual que sufrió por parte de Errejón en septiembre de 2021, y que de poder probar podría significar una pena de entre 1 y 5 años de prisión para el expolítico.
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