Lima, 13 ene (EFE).- El Gobierno de Perú devolvió al Congreso, con observaciones, la ley de detención preliminar en los casos en los que no existe flagrancia, que había sido restituida en diciembre pasado por el pleno Legislativo, luego de que su eliminación generara gran polémica en el país.
"Se acaba de enviar al Congreso hace un par de horas, y la ley ha sido observada", anunció este lunes el primer ministro, Gustavo Adrianzén, antes de añadir que "hay una serie de observaciones que tienen que ver precisamente con lo dispuesto en la norma", que no detalló.
Aunque el primer ministro dijo que los detalles de las observaciones que ha hecho el Ejecutivo se conocerán en las próximas horas, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, adelantó el viernes pasado que la intención es que la norma pueda ser reformulada y perfeccionada por el Congreso.
El Congreso de Perú aprobó el pasado 14 de diciembre la restitución de la detención preliminar sin flagrancia en el país, dos días después de haber aprobado otras ley que la eliminaba y que recibió duras críticas del Ministerio Público, especialistas en derecho penal y medios locales.
La norma propuso restituir y modificar un artículo del Nuevo Código Procesal Penal para indicar que un juez puede dictar la detención preliminar cuando no se presente un supuesto de flagrancia delictiva "pero existan elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años".
La norma también plantea que esa medida podrá aplicarse si existen indicios razonables de posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad.
Al respecto, la legisladora izquierdista Ruth Luque sostuvo que la propuesta recogió "el consenso de todas las bancadas a fin de luchar contra la delincuencia en el país" y regresa "al texto original de antes".
"Creo que ha sido importante la presión social, de los medios de comunicación y de varios congresistas que hemos denunciado este retroceso serio en la lucha contra la criminalidad", remarcó.
Un día antes, el Gobierno había promulgado la Ley 32181, emitida para prohibir que los policías puedan ser detenidos preliminar o preventivamente tras causar una lesión o muerte en cumplimiento de sus funciones, aunque también se incluyó una disposición final que eliminó la detención preliminar sin flagrancia en todos los casos.
Tras la polémica y las críticas generadas por esta última medida, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció que el Ejecutivo iba a analizar si planteaba la modificación de la disposición.
Sin embargo, luego de que el pleno del Congreso aprobara la restitución, el Ejecutivo aseguró que se iba a tomar el plazo que le permite la ley para analizar si la promulgaba o la devolvía con observaciones, tal como finalmente hizo este lunes.
Medios locales señalaron que esa demora ha permitido que presuntos integrantes de bandas criminales sean liberados tras no haber sido capturados en flagrancia y que la Justicia rechace solicitudes de detención preliminar como la del vocero presidencial Fredy Hinojosa, quien ha sido implicado en la investigación de un presunto caso de corrupción en el programa de alimentación escolar 'Qali Warma'. EFE
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