Líderes del tercer sector han llamado a reorientar las políticas públicas para garantizar los derechos y la vida independiente de las personas con discapacidad.
Así lo expresaron esta semana durante la jornada de clausura del Proyecto Rumbo, celebrada en la sede del IMSERSO bajo el título 'Un viaje hacia la transformación social', en la que se expusieron los logros alcanzados y las experiencias de personas con discapacidad que han participado en el proyecto.
Este proyecto, impulsado por COCEMFE, Confederación ASPACE, Impulsa Igualdad, Daño Cerebral Estatal y Confederación Autismo España, ha sido financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el apoyo de los fondos NextGenerationEU.
Durante tres años, 22 entidades han trabajado en modelos innovadores de apoyo a la autonomía personal y la vida independiente de personas con discapacidad. De hecho, este proyecto ha involucrado a más de 3.700 personas, de las cuales un 25% se encuentran en áreas rurales.
Durante la inauguración de la jornada, la directora del IMSERSO, María Teresa Sancho, destacó que el proyecto se ha basado en pilares como "derechos, personalización y preferencias", elementos esenciales para construir una sociedad inclusiva.
Además, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, resaltó el carácter colaborativo de Rumbo, afirmando que "este proyecto será un punto de inflexión" y confió en que los resultados influyan en la nueva economía de cuidados.
Por su parte, la directora general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Olga Martínez, vinculó las acciones del proyecto a la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, enfocándose en áreas clave como el empleo, la accesibilidad y la transición hacia servicios basados en la comunidad.
Finalmente, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, subrayó la importancia de avances legislativos para garantizar la participación y la elección de apoyos, promoviendo la conexión con la comunidad y evitando la institucionalización.
Durante la mesa 'Avances y desafíos en la desinstitucionalización', se abordaron las reformas necesarias para garantizar la autonomía personal. Entre las propuestas, destaca la revisión de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, la inclusión de la asistencia personal como prestación clave, y la mejora de la accesibilidad en espacios públicos.
También hicieron un llamamiento a establecer mecanismos de evaluación continua de las políticas públicas para adaptarse a las necesidades dinámicas de las personas con discapacidad, y las ponentes coincidieron en la necesidad de un cambio cultural profundo que sustituya la lógica institucional por un enfoque basado en derechos humanos.
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