Lima, 12 dic (EFE).- El presidente del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, afirmó este jueves que la pena de muerte "es una medida salvaje" y rechazó la posibilidad de que sea objeto de debate en su país, después de que la gobernante Dina Boluarte pidiera que se analice su posible aplicación para los violadores de menores de edad.
"Soy contundente, creo que la pena de muerte no puede ser ni siquiera objeto de debate; es más, es una medida salvaje y ha sido superada en sociedades democráticas y no podemos volver atrás", enfatizó Arévalo en declaraciones publicadas por el Poder Judicial en la red social X.
El magistrado recordó que existen convenios internacionales que obligan a su país "a no aplicarla" y que incluso, "en el supuesto" de que se pretenda denunciar esos acuerdos, "de todas maneras no podemos volver a matar a las personas".
"Es cierto que pueden haber cometido un delito, pero para eso hay otro tipo de penas", enfatizó antes de reiterar que rechaza "contundentemente" esa posibilidad.
"Es una medida totalmente salvaje acá en el Perú, porque es imposible jurídicamente, y porque además sería retroceder en un tema que ya está superado", concluyó.
Boluarte reiteró este jueves su planteamiento de abrir el debate sobre la pena de muerte contra violadores de menores, pues consideró que estas personas son "una lacra que no debe de tener ningún espacio en la sociedad y en las calles ni en las cárceles" de su país.
La mandataria, que se refirió por primera vez al tema el martes pasado, consideró que no se debe temer a abrir ese debate y que "es el momento" para abordarlo por la clase política.
"El momento creo que es ahora y si no yo les pregunto, ¿hasta cuando esperamos?. Discutamos la posibilidad de endurecer las sanciones contra quienes destruyen la vida de nuestros menores y sus familias", sostuvo.
La pena de muerte no es aplicable en Perú desde que entró en vigencia la Constitución de 1979, que solo la permite para traición a la patria en caso de guerra externa, y después de que el país ratificó en 1978 la Convención Americana sobre Derechos Humanos que restringe ese castigo.
Boluarte pidió abrir el debate sobre esta cuestión tras el reciente asesinato de una adolescente de 12 años en Lima que ha conmovido a la opinión pública, y en consonancia, distintos ministros han apoyado su postura, lo que ha iniciado reacciones a favor y en contra de congresistas y ciudadanos.
En ese sentido, el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) rechazó la propuesta y añadió que, con la lógica de sancionar delitos muy graves, "debería aplicarse también a los corruptos".
A su turno, el presidente del Congreso, el conservador Eduardo Salhuana, sostuvo que se trata de un "un tema controvertido, discutible", pero consideró que "hay que discutirlo y analizarlo".
"Es necesario analizar si realmente contribuye a la lucha contra los actos ilícitos de esta naturaleza", opinó. EFE
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