El pueblo afro de Ecuador acusa al Estado de un "etnocidio estadístico" en el último censo

Quito, 10 dic (EFE).- Organizaciones y colectivos del pueblo afrodescendiente de Ecuador presentaron una acción de protección contra el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador (INEC), al que acusan de haber cometido un "etnocidio estadístico" en el último censo nacional realizado en 2022, donde apenas un 4,8 % de la población figura que se definió como afrodescendiente ante la pregunta de autoidentificación étnica.

Con este recurso legal buscan que no se tomen en cuenta los resultados del censo elaborado por INEC, al considerar que la comunidad afroecuatoriana ha sido subrepresentada con un estimado de 814.000 personal, de un total de más de 17 millones de habitantes a nivel nacional.

Para los líderes de las organizaciones que impulsan la demanda, que cuenta con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), estos datos general una "gran omisión censal" y vulneran diferentes derechos, entre los que destacan el derecho a la identidad, el derecho a la igualdad y la discriminación, así como la autodeterminación del pueblo afroecuatoriano.

De acuerdo con el INEC, la población afroecuatoriana descendió en 227.091 personas de 2010 a 2022 pasando de un 7,2 % a un 4,8 % del total de la población, por debajo de los mestizos (77,5 %), indígenas (7,7 %) y montubios (7,7 %).

"Este censo ha hecho desaparecer a nuestro pueblo" reclamó Irma Bautista, miembro de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Negras (Conamune).

"Exigimos que seamos reconocidos, que no se reconozca el resultado del censo 2022 sino el del 2010 hasta que se pueda buscar otra solución" como "un nuevo censo o algo tiene que haber para resarcir este daño que nos están haciendo", explicó.

Por su parte, Sonia Viveros, directora de la Fundación de Desarrollo Social y Cultural Afroecuatoriana Azúcar, instó al director del INEC y al Estado ecuatoriano a reconocer el daño provocado. "Esta demanda de inconstitucionalidad la llevaremos hasta las últimas consecuencias" incluso "hasta instancias internacionales", advirtió.

Entre las principales consecuencias perjudiciales de esta declaración censal que aquejan las asociaciones afroecuatorianas se encuentra la discriminación para la construcción de políticas públicas hacia su comunidad.

"Le estamos diciendo al estado Ecuatoriano que las políticas públicas que está llevando hasta el día de hoy ha sido un proceso degradante que están dejando por abajo el desarrollo de la población afroecuatoriana", defendió Alodia Borja Nazareno, abogada y miembro de la Confederación Nacional Afroecuatoriana (CNA).

Asimismo, Borja Nazareno indicó que esta demanda responde a que "ninguna de las instancias públicas que tienen (el Estado) como operatividad para desarrollar a la población afroecuatoriana son existentes y son reales".

En ese sentido, ahondó en que "el derecho del pueblo afroecuatoriano ha sido soslayado" y que "sus agencias (del Estado ecuatoriano) han generado un proceso de etnocidio y de exterminio".

Otro suceso que desde las organizaciones afrodescendientes señalan como un "fatal error" fue el episodio que protagonizó el secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades de Ecuador, Marco Guatemal, quien declaró en la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), celebrada en Ginebra (Suiza), que muchos de los afrodescendientes ecuatorianos ya no se sienten como tal sino como "blancos o mestizos".

"El Estado ecuatoriano está reconociendo que no somos parte (de él)", respondió Borja Nazareno ante esas declaraciones.

"Los procesos arrancan hoy pero la fecha no está dada para terminar, la habremos terminado el día que los procesos para nosotros estén en beneficio (para los afroecuatorianos)", agregó.

Mientras, Viveros también resaltó la importancia de que la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades y el Consejo de Pueblos y Nacionalidades se siente para explicarles "por qué se nos desconoce el derecho a ser ciudadanos de la República".

Las organizaciones civiles participantes en esta iniciativa fueron la Unión del Pueblo Afroecuatoriano (UPA), la Comarca Ecuatoriana del Norte de Esmeraldas (CANE), la Fundación Azúcar, la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras (Conamune), la Confederación Nacional Afroecuatoriana (CNA), con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) INREDH. EFE

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