Un tribunal de Vietnam ha ratificado este martes la condena a a muerte impuesta contra la magnate del sector inmobiliario Truong My Lan, presidenta del Van Thinh Phat Group, por un caso de malversación que asciende a 12.000 millones de dólares, al término de un mediático juicio que se enmarca dentro de los esfuerzos del gobernante Partido Comunista por contener la corrupción en el país asiático.
La magnate de 68 años, que esperaba acogerse a la posibilidad de ver su pena reducida a cadena perpetua, ha perdido la apelación presentada, por lo que únicamente le queda la posibilidad de pagar el 75 por ciento de lo que robó --unos 9.000 millones de dólares-- para poder salvar su vida, tal y como establece la legislación vietnamita.
Lan fue detenida en 2022 después de que las autoridades la considerasen responsable de una serie de corruptelas que incluyen el desvío de fondos del Saigon Commercial Bank, que sufrió una fuga masiva de depósitos tras el estallido del escándalo, convertido ahora en el mayor fraude bancario del mundo.
La malversación se prolongó durante una década, tal como quedó constatado en el juicio desarrollado en la ciudad de Ho Chi Minh. Así, el Tribunal Supremo ha considerado que "no existen bases para reducir" la condena al considerar que los delitos cometidos son "graves", según informaciones recogidas por el diario 'VnExpress'.
El tribunal ha apuntado a tres cargos fundamentales, si bien el de malversación es el que le ha costado la condena a muerte, a pesar de que también ha recibido dos penas de 20 años de cárcel por incumplir la regulación bancaria y ofrecer sobornos.
Los delitos de corrupción forman parte de la batería de crímenes susceptibles de ser castigados con la pena de muerte en Vietnam y, de hecho, otros dos antiguos directivos de la Vietnam National Shipping Lines, empresa responsable de la gestión portuaria y de navegación, también fueron condenados a este castigo en 2013.
Sin embargo, Vietnam aborda estas penas con secretismo, por lo que no publica datos oficiales sobre el número de personas sometidas a la pena capital o a la espera de ser ejecutadas, si bien organizaciones de Derechos Humanos estiman que más de un millar se encuentran en el corredor de la muerte.
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