Nairobi, 18 nov (EFE).- El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en guerra con el Ejército regular sudanés, reconoció este lunes que algunos de sus miembros cometieron violaciones de derechos humanos en el estado de Al Yazira, en el este de Sudán, hechos que, aseguró, se están persiguiendo e investigando.
"Lo aceptamos, no lo negamos. Pero (las violaciones) han sido cometidas por varias partes", declaró el portavoz de la delegación negociadora de las FAR, Mohamed al Mujtar al Nur, al ser preguntado durante una rueda de prensa en Nairobi por un informe de Naciones Unidas que alertó a finales de octubre de "graves violaciones de los derechos humanos" durante un ataque de los paramilitares.
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) afirmó el pasado 28 de octubre que las FAR lanzaron un ataque entre el 20 y el 25 de octubre en el este de Al Yazira en el que "dispararon a civiles y cometieron actos de violencia sexual contra mujeres y niñas", lo que provocó una "devastación generalizada" y el desplazamiento de 46.700 personas.
Al Mujtar admitió que documentaron "violaciones" cometidas por "individuos con el uniforme de las FAR", pero que estos estaban siendo perseguidos.
De momento, dijo, hay 450 hombres detenidos en prisiones por violencia sexual que serán llevados ante la justicia.
No obstante, el portavoz y también asesor de la delegación negociadora de las FAR aseguró que se están realizando exámenes médicos a las presuntas víctimas de violencia sexual y que, hasta la fecha, solo se ha logrado probar uno de los casos denunciados.
Además, respecto a las acusaciones de ataques a civiles, Al Mujtar culpó al presidente del gobernante Consejo Soberano de Sudán y máximo líder del Ejército regular, Abdelfatah al Burhan, de entregar armas a la población para que luche de su lado: "Un civil armado ya no es un civil. Ahora están armados y movilizados", consideró.
"Hay violaciones porque hay guerra (...). Tenemos que abordar las causas profundas de la guerra y detenerla", añadió el asesor de las FAR Ezeldin al Safi, que aseguró que en zonas de Sudán controladas por el grupo paramilitar, como Darfur del Oeste, "la gente vive en paz".
Por su parte, el jefe de la delegación negociadora de las FAR, general de brigada Omar Hamdan Ahmed, se mostró a favor de la "justicia histórica" y la "rendición de cuentas" y "contra cualquier violencia de cualquier parte".
"Las FAR no tienen ningún interés en que continúe la guerra (...). La única parte interesada en ello es el Consejo Soberano de Sudán para volver a tomar el poder", defendió Hamdan.
El jefe de la delegación enumeró varias conversaciones de paz fallidas desde que comenzó la guerra el 15 de abril de 2023 y señaló a Al Burhan como responsable del fracaso.
También acusó al nuevo ministro de Asuntos Exteriores sudanés, Ali al Sherif, de no tener su oficina en Sudán sino en Egipto, país al que pidió "dejar de apoyar a los criminales".
Las FAR, además, culparon a las Fuerzas Armadas sudanesas de bombardear diferentes áreas bajo control paramilitar, de provocar cortes eléctricos y de contaminar el agua, con la consecuente expansión de enfermedades como el cólera.
Aparte del mencionado informe de la OCHA, el pasado 10 de noviembre, el jefe de la organización ciudadana Conferencia de Al Yazira, Al Mubar Mahmud, dijo a EFE que los paramilitares están cometiendo "un genocidio" en la aldea de Al Hilaliya, a unos 100 kilómetros al sur de la capital sudanesa, Jartum.
Más de mil personas han muerto en Al Yazira desde que los paramilitares iniciaran un asalto masivo de más de 120 pueblos el pasado 20 de octubre, una ofensiva que tuvo lugar en represalia a la deserción del comandante de las FAR en la región, Abu Aqla Kikel, que se unió a las filas del Ejército.
Desde que estalló el conflicto, decenas de miles de personas han muerto y más de diez millones han sido obligadas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido a Sudán en el escenario de la peor crisis de desplazados del planeta.
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