Ciudad de Guatemala, 5 nov (EFE).- Una sala de Apelaciones de Guatemala anuló todo el proceso judicial en contra de nueve exmilitares, entre ellos varios de alto mando, acusados por la desaparición forzada de más de 500 personas entre 1982 y 1988, según confirmaron este martes varias fuentes.
La decisión fue dictaminada por la sala Segunda de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco, que ordenó borrar todo el proceso judicial efectuado hasta ahora en el caso denominado "Creompaz", iniciado en 2016.
Los militares beneficiados con la decisión son César Augusto Ruiz Morales, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, Raúl Dehesa Oliva, Byron Humberto Barrientos Díaz, Carlos Augusto Garavito Morán, Juan Ovalle Salazar y Édgar Justino Ovalle, este último prófugo de la justicia.
También el general retirado Benedicto Lucas García, de 92 años y hermano del dictador Romeo Lucas García (1978-1982). Sin embargo, Benedicto Lucas García ya cumple actualmente una condena de 30 años por otro crimen de guerra.
Los militares estaban acusados de la desaparición forzada de 565 personas, cuyos cuerpos fueron encontrados en 2012 atados de pies y manos en 85 fosas, en un cementerio clandestino que hoy ocupa el cuartel militar Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).
Dicha base se encuentra en el departamento (provincia) de Alta Verapaz, en el norte de la nación centroamericana.
Los asesinatos tuvieron lugar durante el conflicto armado interno que vivió Guatemala entre 1960 y 1996, y que dejó alrededor de 250.000 personas fallecidas y desaparecidas, más del 90 por ciento a manos del Estado, de acuerdo a informes de organismos internacionales.
La sala de Apelaciones, presidida por el abogado Miguel Catalán Orellana, ordenó de igual forma la liberación inmediata de los militares vinculados al caso, quienes se encuentran en prisión preventiva.
La decisión la sala de Apelaciones obedece a un amparo (recurso legal) solicitado por Carlos Augusto Garavito Morán, uno de los sindicados en el proceso judicial, que se encontraba actualmente en su fase intermedia, previo al debate oral y público.
Por su parte, la organización Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) aseguró que apelarán el dictamen oficializado este martes.
"Vemos con mucha preocupación que la sala segunda haya dictado con lugar el amparo", dijo este martes Paulo Estrada, presidente de Famdegua.
Estrada añadió que "lamentamos" que militares acusados de "crímenes de guerra" sean beneficiados por "una sala recién electa", en referencia a la renovación de más de 200 jueces de salas de Apelaciones del Organismo Judicial en octubre pasado, en un proceso vigilado por la Organización de Estados Americanos (OEA). EFE
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