
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado el cierre de las fronteras españolas para contener la presión migratoria como ha anunciado Alemania. "La libertad de circulación es un principio básico", ha subrayado. El ministro se ha expresado así en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, celebrado este jueves en Madrid. En este contexto, el ministro ha recordado que el propio Código de Frontera Schengen, en artículos 25 y 27, indica que "para establecer controles internos deben ser en circunstancias extraordinarias y excepcionales de seguridad o que haya un riesgo para la seguridad". En este sentido, ha recordado que España solo ha recurrido a estos controles en circunstancias puntuales y de seguridad como la cumbre de la OTAN y coincidiendo con el COVID. Asimismo, ha asegurado que Alemania deberá comunicar los motivos por los que "los pone (los controles) y la Comision Europea puede estudiar, analizar y determinar si es proporcional". Asimismo, ha explicado que los controles "internos" llevan aplicándose desde hace "cinco seis años". "Francia también los ha interpuesto, los interpuso con nosotros y en sus fronteras con Italia llevan cuatro o cinco años para cortar los movimientos secundarios, es decir, que los migrantes no pasen de un lado a otro". Marlaska no ha ocultado, por ello, su "preocupación" por el hecho de que se "vayan establecimiento esos controles con esa finalidad" y ha interpelado a la la Comisión Europea por "su papel decisivo a la hora de establecer las pautas". Sobre el traspaso de competencias en materia migratoria a Cataluña, Marlaska ha recordado que "el control de fronteras y de inmigración" son exclusivas del Estado por lo que "no son susceptibles de ser transferidas". "La gestión de servicios sociales y políticas de inclusión son otra cosa", ha añadido. En la presentación de Marlaska, la ministra de Hacienda ha dicho que uno de los "grandes retos" que existen es el que tiene que ver con la migración, "un fenómeno en el que convergen muchos de los problemas sistémicos de la actual arquitectura internacional", y ha añadido que el Gobierno tiene "muy claro que la respuesta a este desafío tiene que ser una combinación de políticas que incluyan la integración social, cultural y laboral, con un trabajo intenso en los países de origen, poniendo en el centro a las personas migrantes y los Derechos Humanos, desde la solidaridad" dentro de España y con Europa. Asimismo, Montero ha agregado que el Ejecutivo apuesta por aumentar la coordinación y la cooperación entre administraciones públicas que "no pueden alimentar discursos de xenofobia, hacer dejación de funciones de competencia que tienen asignadas ni practicar la insolidaridad". "No tiene ninguna lógica que haya formaciones políticas que invoquen la solidaridad entre territorios a propósito de un tema, por ejemplo, el de la financiación autonómica y luego no la practiquen cuando hablamos de algo que tendría que ser sagrado como los menores y sus derechos", ha zanjado.
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