Bruselas, 27 ago (EFE).- Las organizaciones ecologistas Red de Acción Climática (CAN) y Red Mundial de Acción Global (GLAN) han denunciado a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE al considerar que los esfuerzos climáticos del bloque no bastan para limitar el aumento de las temperaturas en 1,5 grados ni se han establecido desde el respeto a los derechos fundamentales.
Los demandantes se centran, en concreto, en el llamado Reglamento de Reparto de Esfuerzos, que recoge las asignaciones anuales de emisiones para los llamados sectores difusos como la agricultura, el transporte, los residuos y la pequeña industria.
Todos los países de la UE tiene asignado un recorte en esas áreas, que oscila entre el 0 y el 40 % respecto a 2005, y que en el caso de España se sitúa en el 37,7 %.
El reparto de esfuerzos es uno de los dos grandes pilares de la política climática de la UE, junto con el sistema de comercio de emisiones ETS, que cubre el CO2 que emiten las grandes explotaciones industriales.
Las oenegés que han judicializado el reglamento sostienen que este no se alinea ni con los estándares ambientales que persigue la Ley del Clima de la UE, ni tampoco protege derechos fundamentales como el derecho a la vida o la protección del medioambiente.
Esto se debe, según su racionamiento, a que los esfuerzos para reducir las emisiones en al menos un 55 % en 2030 frente a 1990, como establece la Ley del Clima, no están "suficientemente cerca" de las proyecciones de la ONU con temperaturas por debajo de 1,5 grados centígrados a final de siglo respecto a los valores preindustriales.
Además, el bloque comunitario no ha hecho ninguna "evaluación de impacto" sobre las políticas climáticas sobre los derechos fundamentales, señaló en rueda de prensa el experto de GLAN Gerry Liston.
"No pedimos a los jueces que legislen en lugar de las instituciones comunitarias, no es su papel", sino que "evalúen la legalidad de las leyes climáticas de la UE", agregó el técnico de CAN Sven Hamerling.
La denuncia se presentó formalmente ante el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, el pasado febrero y los demandantes entregaron sus últimos alegatos por escrito este mes de agosto, antes de que el turno pase a la Comisión.
Después se celebrará una vista oral y finalmente llegará la sentencia, que se espera para inicios de 2026.
La Comisión Europea, por su parte, declinó este martes avanzar en rueda de prensa los argumentos que el Ejecutivo trasladará al tribunal.
La denuncia se ha cursado apoyándose en la Convención de Aarhus de Naciones Unidas, que garantiza el acceso de las personas a la justicia medioambiental, si bien no está claro que la corte comunitaria vaya a dar por bueno el procedimiento, que supondría una manera de cuestionar el grueso de la legislación climática europea.
Los demandantes sostienen que esa convención permite cuestionar cualquier acto administrativo que contraviene las leyes medioambientales y razonan que no se puede cuestionar el citado Reglamento de Reparto de Esfuerzos sin cuestionar también la Ley del Clima en el que se enmarca.
Reconocen que la maniobra legal también sirve para añadir presión ante la futuras revisiones de esa normativa comunitaria y buscan que los jueces definan "las obligaciones" legales en las que deben basarse.
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