San Salvador, 27 ago (EFE).- La Fundación Comunicándonos y la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (Asdehu) esperan una sentencia "ejemplarizante" en el caso del asesinato de cuatro periodistas holandeses en una emboscada en 1982 en el contexto del conflicto armado interno (1980-1992), cuyo proceso penal ha sido elevado a juicio.
Una corte de El Salvador envió a juicio a Guillermo García, exministro de la Defensa, al exdirector de la extinta Policía de Hacienda Francisco Antonio Morán, y el excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería de la localidad de El Paraíso, Chalatenango (norte), coronel Mario Adalberto Reyes Mena, según transcendió el pasado 22 de agosto.
Las organizaciones no gubernamentales, representantes en El Salvador de las familias de las víctimas, señalaron este martes en un comunicado que "una sentencia ejemplarizante sentaría un precedente que pudiera romper con la impunidad histórica que ha imperado en El Salvador y otros mensajes para el respeto de la libertad de prensa y expresión".
En el escrito las entidades apuntaron que la Embajada de los Países Bajos en Centroamérica, con sede en Costa Rica, "celebró el gran paso hacia la justicia".
"El asesinato de los cuatro reporteros no puede quedar impune (...) estamos agradecidos con las autoridades y con las organizaciones que han hecho esto posible", indicó la sede diplomática de acuerdo con Comunicándonos y Asdehu.
Un portavoz de la organización Comunicándonos compartió a EFE que aún no se ha establecido una fecha para el comienzo del juicio en contra de los señalados, ya que está vigente un periodo para que la defensa de los procesados presenten una apelación sobre la decisión de elevar el proceso a juicio.
El Informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas de 1993, que investigó los crímenes de guerra, señala que los periodistas holandeses Koos Jacobus Andries Koster, Jan Corenlius Kuiper Jop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen se asesinaron por orden de Reyes Mena.
El crimen de los periodistas holandeses se perpetró, según evidencia, el 17 de marzo de 1982, en una zona de campo del departamento de Chalatenango.
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