
El Tribunal Supremo de Israel ha emplazado al Gobierno a justificar su decisión de prohibir las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los presos palestinos capturados en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva militar israelí tras el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre. El tribunal ha planteado al Ejecutivo por qué no debe anular esta prohibición y también la negativa del Gobierno a remitir información sobre los detenidos al CICR, informa el diario israelí 'The Jerusalem Post'. El auto judicial está dirigido al Gobierno, al Ministerio de Defensa, al Abogado General Militar y a otros organismos que deberán responder antes de la próxima reunión del Supremo, prevista para septiembre. Este fallo judicial tiene su origen en una denuncia de organizaciones de derechos humanos israelíes como la Asociación por los Derechos Humanos en Israel, Sanitarios por los Derechos Humanos-Israel, HaMoked y Gisha que exigían que se permita al CICR visitar a los presos y prisioneros. El Gobierno israelí ha negado cualquier información y también las visitas al CICR desde el 7 de octubre. "Conforme al derecho internacional, incluso si una de las partes de un conflicto no cumple con sus obligaciones respecto a las leyes de la guerra, eso no exime a la otra parte de sus obligaciones", destaca la Asociación por los Derechos Civiles en Israel en su petición inicial. El Gobierno israelí comunicó en junio a la asociación que estaba buscando una alternativa al CICR para supervisar la situación de los prisioneros. La propia asociación alertó entonces de que esta postura supone una violación consciente del derecho internacional. Un portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes ha apuntado que hay un proceso judicial abierto y que comentará al respecto una vez se cierre el mismo.
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