Partidos conservadores mantienen pulso por rescribir leyes de memoria histórica en España

València/Madrid, 11 jul (EFE).- El Parlamento regional de Valencia aprobó este jueves, con los votos de los conservadores del Partido Popular y el ultraderechista Vox, la llamada "Ley de Concordia", que no condena explícitamente los crímenes de la dictadura franquista (1939-1975) y deroga la Ley de Memoria Democrática de 2017.

La coalición conservadora que gobierna esta región española siguió así el pulso para intentar rescribir las leyes de Memoria Democrática en España que mantienen los principales partidos de oposición al Gobierno español presidido por el socialista Pedro Sánchez.

Según sus impulsores, la nueva norma supone "la reconciliación frente al odio" y restaura "por igual los derechos de todas las víctimas independientemente de con qué manos y dónde fueron asesinadas". La Ley de Concordia equipara las víctimas desde 1931 hasta la actualidad, incluyendo desde la Segunda República (1931-1936) hasta las víctimas del terrorismo etarra e islámico.

los contrarios a la norma critican que deroga "una ley cargada de derechos de la ciudadanía" y es un texto que quiere "igualar dictadura con democracia".

El Gobierno de Sánchez ya anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) español la Ley de Concordia aprobada en València para proteger del "atropello" los derechos de las víctimas de la dictadura.

"Por primera vez, convierte en ley el blanqueo del franquismo, que iguala a las víctimas con los verdugos y que infringe los derechos fundamentales y humanos de las víctimas de la Dictadura y la Guerra (Civil)", dijo Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder de los socialistas valencianos.

El caso valenciano no es el primer intento de sustituir leyes de Memoria Democrática por las denominadas leyes de Concordia. Otras regiones españolas, todas ellas gobernadas por la coalición PP y Vox, han aprobado o están a punto de aprobar normativas parecidas.

La primera que lo aprobó fue Aragón (noreste), donde se anunció y aprobó un "plan de concordia", sin rango de ley, que sustituía y derogaba la ley de memoria democrática aprobada por el gobierno anterior, liderado por el partido socialista.

El presidente aragonés, el conservador Jorge Azcón, dijo que su propuesta acababa con el relato "sesgado" y una "interpretación partidista de la historia", que "idealizaba" la Segunda República española, que condenaba "los crímenes y atrocidades" cometidos "por un bando" y "relativizaba" a los cometidos por el otro, y "limitaba la definición de víctimas a los que sufrieron muerte y represión por un parte, pero no por la otra"

El TC suspendió de forma cautelar la ley de concordia aragonesa al admitir el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno español, la misma acción que el ejecutivo central prometió llevar a cabo con el texto valenciano.

La decisión del tribunal no amedrentó a la región valenciana y tampoco parece que tendrá efecto en otra que tiene decidido aprobar una "ley de concordia" similar, Castilla y León (noreste), donde según sus dirigentes -también de la coalición PP-Vox- su norma permitirá "preservar, mantener y reforzar la convivencia, el respeto y la tolerancia de todos".

Los impulsores de esta versión están convencidos de que su propuesta está "perfectamente encuadrada en el marco de la Constitución" española. Su vicepresidente, el ultraderechista Juan García-Gallardo, apuntó recientemente que es una norma que "no se entromete en la historia" y ayuda a "ensanchar el debate público frente a las maniobras de quienes quieren imponernos su ingeniería social falsificadora de la realidad".

El propio García-Gallardo recordó que la derogación de la ley de Memoria democrática regional figura en los pactos de gobierno de la coalición, y que la futura ley servirá para exponer la "historia criminal" del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), partido del presidente Sánchez.

Las propuestas de reformulación de las leyes de Memoria Democrática en España ya tuvieron en sus inicios, cuando se tramitó la propuesta de Aragón en mayo de este año, un gran detractor: las Naciones Unidas.

Por entonces, la ONU pidió al Gobierno de España que adopte "todas las medidas necesarias" en relación con las llamadas "leyes de la concordia" para preservar la memoria de "graves violaciones de los derechos humanos", ante unas proposiciones que "invisibilizan" los crímenes de la dictadura franquista. EFE

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