
Los Veintisiete han acordado este miércoles sus líneas rojas para negociar con el Parlamento Europeo la reforma de las reglas que regulan la producción y venta de juguetes en la Unión Europea y que incluirá una ampliación de las sustancias químicas nocivas prohibidas en la fabricación de los juguetes, por ejemplo los disruptores endocrinos, y un mayor control y obligaciones sobre los operadores en la cadena de importación y distribución. La revisión parte de una propuesta de julio de 2023 en la que la Comisión Europea pidió ampliar las reglas que ya prohíben sustancias cancerígenas o las mutágenas para incluir en el veto los disruptores endocrinos y otros elementos químicos que afecten al sistema respiratorio o a un órgano determinado. Otra de las medidas clave es la creación de un pasaporte digital para los juguetes que entren en la Unión Europea para trazar su cumplimiento de las reglas comunitarias, de modo que los fabricantes extracomunitarios tengan que presentar un pasaporte digital para cada juguete que introduzca en el mercado comunitario. Así, se deberá desarrollar un nuevo sistema informático con el que examinar el pasaporte digital de los juguetes cuando lleguen a la frontera exterior de la UE e identificar los envíos que deban someterse a unos controles más rigurosos en las aduanas. Dentro de cada Estado miembro, los inspectores nacionales seguirán siendo responsables de controlar los juguetes pero las nuevas reglas permitirán a la Comisión Europea exigir la retirada del mercado de juguetes que sean considerados "problemáticos" porque presente riesgos no previstos en el reglamento. Los Estados miembro quieren, además, se aclaren las obligaciones de los operadores económicos para que queden alineadas con el Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR, por sus siglas en inglés) y con las nuevas realidades del creciente volumen de ventas en Internet. Así, plantean exigir a los fabricantes que marquen las advertencias en una lengua o lenguas que puedan ser fácilmente entendidas por los consumidores y otros usuarios finales, según lo determinen los propios Estados miembro. Los fabricantes también deberán informar a otros operadores económicos de la cadena de distribución de cualquier problema de conformidad del producto y los importadores deberán informar al productor y a las autoridades de vigilancia del mercado si sospechan que un juguete presenta un riesgo. La posición del Consejo también aclara las obligaciones de los "proveedores de servicios logísticos", es decir, de aquellas las empresas que se encargan de labore como el almacenamiento, selección, embalaje o envío de los paquetes; por su papel determinante en especial en la distribución de juguetes procedentes de terceros países o comprados 'online'. Para que la negociación del reglamento definitivo pueda arrancar queda aún que el pleno del Parlamento Europeo, en su nueva composición tras las elecciones del próximo junio, adopte el mandato negociador de esta institución.
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