
París, 21 feb (EFE).- La audiencia en París para examinar la demanda española de entrega de María Soledad Iparraguirre para juzgar a esta exdirigente etarra por su responsabilidad en el asesinato en 1997 del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco quedó pospuesta al próximo 6 de marzo.
La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París decidió este miércoles retrasar el examen de esa euroorden porque Xantiana Cachenaut, la abogada de Iparraguirre Guenechea, alias Anboto, no ha tenido tiempo para preparar la defensa.
El presidente de la sala dio esa razón para aplazar la vista en ausencia de Cachenaut.
Los tres jueces también pospusieron a ese mismo 6 de marzo el examen de otra euroorden de la Audiencia Nacional de Madrid contra la etarra Idoia Mendizábal Múgica por otra causa distinta.
Las dos etarras se encuentran actualmente encarceladas en España (cumpliendo otras penas) y no se espera que sean trasladadas a París para la audiencia en las que se examinarán las demandas de entrega.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón inició el pasado verano los trámites para que Francia dé luz verde y se pueda sentar en el banquillo a dos antiguos jefes de ETA, la propia Iparraguirre, y Miguel Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería", por el caso de Miguel Ángel Blanco.
Como ambos fueron detenidos en Francia y se acogieron al llamado principio de especialidad, la Justicia de ese país tiene que aprobar cada nuevo procedimiento que abra contra ellos España para poder llevarlos ante un tribunal.
Una aprobación que, con todos los trámites, suele tardar varias semanas e incluso algunos meses, teniendo en cuenta la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo.
A estos dos se les reprocha, como miembros del comité ejecutivo de la banda, haber dado las órdenes para que se llevara a cabo la acción contra el concejal del Partido popular de la localidad vizcaína de Ermua, que fue secuestrado el 10 de julio de 1997 cuando iba a su trabajo.
ETA exigió entonces, bajo la amenaza de asesinarlo, el acercamiento de todos los presos de la organización terrorista a las cárceles del País Vasco y, ante la negativa del Gobierno a negociar, fue tiroteado y abandonado en el monte el día 12. Murió horas después de que fuera encontrado.
Esa acción generó durante y después del secuestro una movilización contra ETA de decenas de miles de personas que salieron a las calles en el País Vasco y en muchos otros puntos de España.
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