Bangkok, 21 dic (EFE).- Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves una investigación de posibles crímenes de guerra contra la junta militar de Birmania (Myanmar), ya que considera probable que haya perpetrado ataques indiscriminados contra civiles y utilizado municiones de racimo prohibidas en su lucha contra insurgentes de minorías étnicas.
En un comunicado emitido hoy, AI concluye que las imágenes y vídeos y los testimonios de diez personas del estado Rakhine (al oeste del país) que se han producido "probables ataques indiscriminados" contra civiles mientras que en el estado Shan (al este) el Ejército birmano "muy probablemente" usó bombas de racimo contra la insurgencia.
Estos presuntos crímenes de guerra se cometieron durante la respuesta a la Operación 1027, una ofensiva lanzada el 27 de octubre por varias guerrillas étnicas que ha extendido los combates por varias zonas del norte, este, oeste, centro y sur del país y ha colocado a la junta militar en su situación más difícil desde el golpe de Estado de 2021.
"El Ejército birmano tiene un curriculum manchado de sangre de ataques indiscriminados con consecuencias devastadoras para civiles y su brutal respuesta a una gran ofensiva de grupos armados encaja en un patrón de larga duración", dijo Matt Wells, director del Programa de Crisis de AI.
La primera violación que denuncia AI se produjo entre el 16 de noviembre y el 21 de noviembre, cuando, según AI, el Ejército birmano usó un armamento "poco preciso" en zonas muy pobladas, lo que convierte los ataques en indiscriminados "que deberían ser investigados como crímenes de guerra".
El segundo incidente tuvo lugar entre el 1 y el 2 de diciembre en la localidad de Namkham, en el estado Shan, donde el Ejército birmano realizó un ataque aéreo con bombas que "muy probablemente" eran de racimo.
La organización basa esta conclusión en el análisis de cinco fotografías de metralla recogida después en el lugar y en dos vídeos que muestran diez detonaciones en línea recta en apenas tres segundos tras el paso de un avión militar de la junta.
La denuncia de AI se produce en el mismo día en que Human Rights Watch (HRW) acusó al Ejército de la Alianza Democrática Nacional (MNDAA, en inglés), un grupo étnico armado opuesto a la junta en el estado Shan, de secuestrar y reclutar a la fuerza a civiles.
Los enfrentamientos entre el Ejército y las milicias han aumentado desde finales de octubre, a raíz de la ofensiva lanzada por poderosas guerrillas el día 27 de ese mes (entre ellas la MNDAA).
La ONU ha alertado de que un tercio de la población birmana, 18,6 millones de personas, requiere de ayuda humanitaria, con los niños como los principales afectados, y ha advertido de que la situación en el país es "desalentadora" casi tres años después del golpe de Estado de febrero de 2021.
La asonada puso fin a una década de transición democrática en Birmania y al Gobierno electo de la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, detenida desde la sublevación, agudizando la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas y sumiéndolo en una crisis económica, política y social.
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