El Congreso brasiileño aprueba el informe que acusa a Bolsonaro y a otras 60 personas de urdir un golpe

Brasilia, 18 oct (EFE).- La comisión del Congreso brasileño que investigó la intentona del pasado 8 de enero aprobó este miércoles, por mayoría, su informe final en el que acusa al exmandatario Jair Bolsonaro de ser el "mentor intelectual" de una trama golpista para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El informe, fruto de cinco meses de trabajos, propone además imputar a otras 60 personas, entre ellas cinco exministros del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), excomandantes de la Marina y el Ejército, una veintena de militares y una diputada federal, señalados igualmente de golpismo.

El documento, respaldado por 20 votos frente a 11 contrarios y 1 abstención, será ahora remitido a la Fiscalía, que ya investiga por la vía penal la asonada y ahora decidirá si da secuencia a las indagaciones de la comisión y presenta cargos ante los tribunales.

La comisión se instaló para esclarecer el violento episodio del 8 de enero, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema, en Brasilia, para incentivar un golpe militar contra Lula, que había asumido una semana antes.

Esos hechos ya son objeto de diversas investigaciones en el Supremo que intentan esclarecer si el líder ultraderechista incentivó la intentona y si participó en la conspiración antidemocrática.

Por el asalto de Brasilia, el Supremo ha condenado ya a una docena de personas de entre los casi 1.400 procesados. Bolsonaro, por el momento, aparece apenas como investigado.

El informe de la comisión, elaborado por la senadora Eliziane Gama, defiende, sin embargo, que el asalto de Brasilia fue la culminación de un intento de golpe orquestado meses antes y que tiene como pieza central al capitán retirado del Ejército.

Para justificar su tesis reconstruyó, a lo largo de 1.100 páginas y apoyada en la declaración de testigos que comparecieron en la comisión, los tensos meses que antecedieron al 8 de enero.

El documento relata los bloqueos de carreteras realizados por camioneros, los campamentos ante cuarteles del Ejército para exigir una intervención militar, atentados frustrados en Brasilia y presuntas discusiones en el seno del Gobierno para impedir la investidura de Lula, materializadas en un borrador de "decreto golpista" hallado por la Policía.

Todo la llevó a concluir que el asalto de enero fue solo el corolario de una trama golpista que comenzó a gestarse "antes" de que Lula ganara las elecciones de octubre de 2022 y que cobró fuerza "a partir de ese momento".

En este contexto, el informe aprobado acusa a Bolsonaro de tener "responsabilidad directa" y de ser el "mentor intelectual y moral" de la intentona golpista. Por ello, pide que sea imputado por los delitos de asociación ilícita, violencia política, abolición violenta del Estado de derecho y golpe de Estado.

Gama resaltó este miércoles "la importancia histórica" del texto porque evidencia "de forma robusta" la "tentativa" que hubo de abolir el Estado de Derecho.

En su intervención, la senadora también pidió al presidente del Congreso Nacional, Rodrigo Pacheco, protección policial para ella y para su familia ante la avalancha de "amenazas" que ha recibido desde que lidera los trabajos de la comisión.

Mientras los parlamentarios debatían, Bolsonaro compareció de nuevo ante la Policía para responder por uno de los desdoblamientos de la investigación policial sobre la trama golpista que investiga un intercambio de mensajes con empresarios aliados.

El exmandatario se desmarcó de las sospechas planteadas e insistió a los periodistas que solo es "responsable por aquello que firmó".

La sesión de este miércoles se prolongó durante siete horas y estuvo marcada por fuertes cruces de declaraciones entre la mayoría oficialista de la comisión y la oposición bolsonarista, que llegó a calificar a sus adversarios políticos de "canallas".

Desde el inicio de la comisión, el bolsonarismo ha buscado responsabilizar también al Gobierno de Lula de "omisiones" en el área de seguridad que "facilitaron" la acción de los vándalos el 8 de enero.

Al no conseguirlo, tacharon el informe de "extremadamente parcial", de "gran farsa" y de ser un instrumento para promover apenas una "persecución medieval", como citaron los diputados Rodrigo Valadares y Marcel van Hattem.

El oficialismo, integrado por fuerzas de izquierda y centro, denunció "la erosión permanente de los valores democráticos" durante el Gobierno de Bolsonaro, según resaltó el diputado Chico Alencar, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

Su colega Fernanda Melchionna condenó además el "machismo inaceptable" de algunos parlamentarios de extrema derecha contra las mujeres de la comisión y destacó que las acusaciones contra Bolsonaro son "un paso muy importante en la búsqueda de la Justicia".

Brasilia, 18 oct (EFE).- La comisión del Parlamento brasileño que investigó el intento de golpe del 8 de enero contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva aprobó este miércoles su informe final, que considera al exmandatario Jair Bolsonaro como "mentor moral e intelectual" de esa asonada.

En total, el informe pide a la Justicia que sean imputadas 61 personas, una lista que encabeza el propio líder de la ultraderecha y que también integran cinco exministros y algunos de sus más cercanos colaboradores mientras estuvo en el Gobierno (2019-2022).

Los principales acusados, a los que el informe pide imputar por los supuestos delitos de asociación ilícita, violencia política, abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado, son los siguientes:

- Jair Bolsonaro: Capitán de la reserva del Ejército y líder de la ultraderecha. Presidió el país entre 2019 y 2022 y mantuvo un duro pulso con las instituciones, sobre todo con la Justicia electoral, a la que intentó desacreditar durante todo el proceso que llevó a los comicios de octubre de 2022, ganados por Lula.

- Walter Braga Netto: General de la reserva del Ejército. Fue ministro de la Presidencia y de Defensa, y para las elecciones de 2022 integró, como candidato a vicepresidente, la fórmula "militar" encabezada por Bolsonaro.

- Anderson Torres: Fue ministro de Justicia hasta diciembre de 2022 y en enero asumió la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, responsable por la vigilancia en la capital. La Policía encontró en su casa un borrador de decreto que planteaba una "intervención militar" tras la victoria de Lula.

- Augusto Heleno: General de la reserva del Ejército. Al igual que Bolsonaro, un nostálgico defensor de la última dictadura (1964-1985) y que fue ministro de Seguridad de la Presidencia.

- Luiz Eduardo Ramos: También general de la reserva y ministro de la Presidencia durante el Gobierno de la ultraderecha.

- Paulo Sérgio Nogueira: Otro general de la reserva del Ejército. Se desempeñó como ministro de Defensa con Bolsonaro.

- Almir Garnier Santos: Almirante y excomandante de la Marina. En diciembre pasado le habría dicho a Bolsonaro que su "tropa" estaba "lista" para impedir que Lula asumiera el poder el 1 de enero.

- Marco Freire Gomes: General. Fue comandante del Ejército y era el responsable del Cuartel General de esa fuerza, frente al cual fue instalado un campamento bolsonarista que exigía un golpe tras la victoria de Lula y desde el que partió el movimiento del 8 de enero.

- Mauro Cid: Teniente coronel y antiguo edecán del líder de la ultraderecha. En prisión por fraudes con certificados de vacuna anticovid en favor de Bolsonaro y algunos de sus allegados.

- Filipe Martins: Exasesor de Asuntos Internacionales de Bolsonaro. Es considerado el nexo entre los radicales brasileños y grupos de la ultraderecha estadounidense liderados por Steve Bannon, antiguo colaborador del expresidente Donald Trump.

- Carla Zambelli: Diputada y referente de los ultras en Brasil. Un día antes de las elecciones de octubre persiguió a punta de pistola por Sao Paulo a un hombre que pedía la victoria de Lula.

- Silvinei Vasques: Exdirector de la Policía de Carreteras. Acusado de utilizar a ese organismo para dificultar la llegada de electores a las urnas el día de los comicios.