Quito, 23 ago (EFE).- El Gobierno de Ecuador no acatará de momento los resultados globales del plebiscito celebrado el pasado domingo para detener la explotación de un importante yacimiento en la Amazonía, anunció este miércoles en declaraciones a periodistas el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite.
Aunque el "Sí" ganó a nivel nacional, la Constitución señala que quienes tienen la facultad de decidir esta cuestión son los habitantes del lugar de la operación petrolera, y ahí se impuso el "No".
Santos Alvite indicó que el Gobierno del conservador presidente, Guillermo Lasso, continuará operando el Bloque 43-ITT con normalidad y dejará listos los planes de desmantelamiento de las instalaciones por si el siguiente gobernante decide parar la explotación.
Con el 97,84 % de los votos escrutados a nivel nacional de este histórico plebiscito que sienta un precedente a nivel mundial, el "Sí" a cesar la actividad del Bloque 43-ITT ganó con el 58,97 % frente al 41,03 % del "No".
Sin embargo, en la provincia amazónica de Orellana, donde se ubica el Bloque 43-ITT, el "No" ganó con el 57,99 % de los sufragios frente al 42,01 % del "Sí".
Ante esta situación, el Gobierno se ha acogido al artículo 57 de la carta magna para aducir que "los que tienen que decidir si se inicia o termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio", expresó el ministro Santos Alvite.
"Queremos que el país esté consciente de este problema constitucional. Ellos son los únicos que pueden decir 'Sí' o 'No' de acuerdo a la Constitución", agregó.
SE NECESITARÁ ACLARACIÓN
El ministro indicó que "debería ser la misma Corte la que tenga que dirimir" sobre esta interpretación de la Constitución.
No obstante, el titular de la cartera de Energía y Minas señaló que el Gobierno de Lasso no será quien haga la consulta, ya que consideró que eso le correspondería hacer a los colectivos ambientalistas que impulsaron la celebración de este plebiscito.
Santos Alvite animó incluso "el derecho a la resistencia" de las comunidades indígenas del Bloque 43-ITT en caso de que se procediese con el desmantelamiento de la explotación, al señalar que es un derecho que tienen amparado en la Constitución "si ven sus derechos constitucionales violados", e insistió en que "los habitantes de Orellena son los únicos que tienen la capacidad de decidir si se inicia o se termina".
"Este Gobierno seguirá operando normalmente hasta el día que se vaya. No haremos nuevas actividades, pero seguirá la producción", reiteró Santos Alvite, quien aseguró que "nunca en la historia del mundo se ha parado un campo tan importante que produce casi 60.000 barriles por día".
"Hasta el último día del Gobierno del presidente Lasso seguiremos produciendo normalmente. Tendremos planes de desmantelamiento de la infraestructura y del apagado de los pozos para que los ponga en ejecución el siguiente Gobierno, si así lo considera", añadió el nuevo Ejecutivo, que entrará en noviembre.
UN "GOLPE GRAVÍSIMO"
El ministro aseguró que es "imposible" desmantelar las instalaciones en el plazo de un año como dictaminó la Corte Constitucional cuando validó la pregunta planteada por el colectivo Yasunidos, que consiguió celebrar el plebiscito tras reunir 757.000 firmas y liberar una batalla legal de diez contra los órganos electorales.
Asimismo, recordó que el cese de las operaciones del Bloque 43-ITT supondría, de acuerdo a los cálculos del Gobierno, un perjuicio de 1.200 millones de dólares al año para el Estado en beneficios que dejaría de ganar, una cifra que los ambientalistas consideran mucho menor.
"Es un golpe gravísimo para la economía del país, y se crea un pésimo precedente. Hay contratos firmados y compromisos a largo plazo. La seguridad jurídica del país queda en entredicho. ¿Qué compañía va a venir si a alguien se le ocurre hacer una consulta y se para el contrato?", se cuestionó Santos Alvite.
El Bloque 43-ITT es el más reciente y productivo de los cuatro que se encuentran en explotación dentro del Parque Nacional Yasuní, un área de un millón de hectáreas considerada el corazón de la Amazonía ecuatoriana y un epicentro mundial de biodiversidad.
Del Bloque 43-ITT salen a diario unos 58.000 barriles de crudo, que equivalen a alrededor del 11 % de la producción nacional de crudo de Ecuador, que ronda los 480.000 barriles por día.
Quito, 23 ago (EFE).- El ministro de Energía y Minas de Ecuador, Fernando Santos Alvite, defendió este miércoles la continuidad de las concesiones ya otorgadas en el Chocó Andino, un área natural donde el domingo ganó el "Sí" en un plebiscito que proponía prohibir cualquier tipo de actividad minera en esa zona.
En declaraciones realizadas a periodistas, Santo Alvite consideró que las doce concesiones que existen actualmente en el Chocó Andino en fase de exploración conservan el derecho por seguridad jurídica a llegar a la fase de explotación.
Sin embargo, admitió que las otras ocho solicitudes de concesiones que estaban en trámite para esa misma zona no serán otorgadas.
El ministro coincidió así con la posición de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), que sostiene que las concesiones en vigor antes de la celebración del plebiscito todavía pueden llegar a la fase de explotación pese a prohibición ordenada por el plebiscito.
La consulta popular celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito obtuvo un 68 % a favor del "Sí" a prohibir todo tipo de actividad minera (artesanal, pequeña, mediana y a gran escala) frente a un 31 % que votó por el "No" en las cuatro preguntas planteadas.
La prohibición se aplicará para las 124.000 hectáreas de la Mancomunidad del Chocó Andino, conformada por las localidades rurales de Calacalí, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto, todas ellas pertenecientes al área metropolitana de la capital ecuatoriana.
Ese área es parte de las 287.000 hectáreas del Chocó Andino, un espacio natural de bosques montanos que se extiende en el noroeste de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, y que desde 2018 está declarado por la Unesco como una reserva de la biósfera, categoría que busca armonizar la conservación con las actividades productivas.
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