Buenos Aires, 23 ago (EFE).- Diputados argentinos autorizaron este miércoles la apertura de los teléfonos celulares de un dirigente de la oposición por su presunta vinculación en la causa que investiga el atentado a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, el 1 de septiembre de 2022.
El diputado Gerardo Milman, de la principal coalición opositora Juntos por el Cambio (centroderecha), apuntado por la vicepresidenta como ejemplo de los presuntos nexos del ataque con políticos contrarios a ella, ya había entregado este martes un teléfono celular a la Justicia.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados autorizó hoy "por unanimidad" el secuestro de "los celulares" de Milman y acceder a la información y/o las comunicaciones contenidas en ellos, según el requerimiento judicial.
"Pediremos que se apruebe en la sesión de hoy", escribió en sus redes sociales el diputado oficialista Germán Martínez.
La presunta vinculación de Milman a la causa surgió más de 20 días después del atentado, cuando el asesor legislativo de la coalición oficialista Frente de Todos, Jorge Abello, afirmó haber escuchado al diputado decir a dos secretarias en un bar, antes del ataque, que "cuando la maten" él iba a estar en la costa argentina.
El dictamen de la comisión recuerda a la jueza respetar el "derecho a la intimidad", después de que los diputados del PRO, partido al que pertenece Milman y que está integrado en Juntos por el Cambio, solicitaran en la comisión que la extracción de la información se limite al período 1 de julio de 2022 a 10 de mayo de 2023.
La querella de la vicepresidenta había solicitado el secuestro de los celulares de Milman.
A principios de mayo pasado, la vicepresidenta clamó contra el presunto "encubrimiento" del atentado, y apuntó contra la hoy candidata presidencial Patricia Bullrich, exministra de Seguridad, al apoyarse en una nota periodística que revelaba que una testigo clave del caso sufrió presiones para borrar los datos de su teléfono móvil en unas oficinas relacionadas con la opositora.
La jueza -a quien Fernández intentó recusar sin éxito- sigue esa línea de investigación, mientras que se envió a juicio a los únicos tres acusados, lo que fue criticado por la vicepresidenta al considerar que se trata de "un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores".
El principal detenido es Fernando Sabag Montiel, acusado de ser quien apuntó a su cara con una pistola que no llegó a detonar.
También están detenidos su novia, Brenda Uliarte, como presunta coautora del delito de homicidio, y Nicolás Carrizo, de cuyo teléfono móvil supuestamente salieron varias comunicaciones vinculadas al atentado y que es considerado partícipe secundario.
El ataque fallido fue perpetrado cuando Sabag Montiel, brasileño de entonces 35 años, se acercó a Fernández mientras saludaba a seguidores a las puertas de su domicilio en Buenos Aires, que le mostraban su apoyo pocos días después de que un fiscal lanzara un duro alegato contra ella en el juicio en el que estaba acusada de delitos de corrupción en su tiempo como presidenta (2007-2015).
La vicepresidenta acabó siendo condenada en diciembre pasado a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua, una sentencia que aún no es firme. EFE
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