Gobierno español y andaluz, enfrentados por futuro del Parque Nacional Doñana

Madrid, 12 abr. La decisión del gobierno regional andaluz este miércoles de tramitar una propuesta de ley que amplía la zona de regadíos al norte del Parque Nacional de Doñana a pesar de la oposición del Gobierno central ha enrarecido las relaciones entre ambos niveles de la administración española a mes y medio de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 8 de mayo.

El ejecutivo autonómico liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla (Partido Popular) y apoyado por VOX (derecha radica) , han dado luz verde este miércoles a esta iniciativa, que será tramitada por la vía de urgencia y con el rechazo de los partidos de izquierda, en la oposición (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) y podría ser aprobada por el pleno del parlamento regional entre mediados de mayo y mediados de julio.

La proposición reconoce como agrícolas unas 800 hectáreas en varios municipios de la provincia de Huelva (sur), aunque en principio no autoriza ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana, reserva de la biosfera y Patrimonio Mundial de la UNESCO, ya mermado por los pozos ilegales y también por la sequía.

Según la Junta de Andalucía, el derecho a riego a nuevas hectáreas se concedería a través del agua superficial en un nuevo trasvase de la demarcación de los ríos Odiel-Tinto-Piedra que debe acometer el Estado según las autoridades locales.

Varios ministros han mostrado su contrariedad, incluyendo a la responsable de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha advertido de que el Gobierno central tomará "todas las medidas que sean compatibles con la Constitución y el Derecho europeo” ante la "frivolidad" de esta medida, teniendo en cuenta que España ya "ha sido condenada por el mal estado de Doñana" en el pasado y la nueva propuesta de ley es "una provocación de enormes dimensiones".

Con la vista puesta en la reunión del Consejo de Participación de Doñana convocada para el próximo lunes, Ribera ha insistido en lo que considera un "inmenso error" y "gran deslealtad institucional", además de difundir "un mensaje engañoso, ya que no hay agua" disponible y además "tiene muy poco sentido prometer lo que no le toca gestionar a uno".

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y actual líder de Podemos (izquierda radical y socio del PSOE en la actual coalición de Gobierno en España) ha ido más allá al llamar a "frenar el ecocidio" que supone esta proposición que conducirá a "acabar con los recursos hídricos de Doñana hasta desecar el paraje" y su formación ha confirmado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional si la medida es finalmente aprobada.

En la misma línea, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha acusado al PP (conservadores) de "estar fuera de control", "no cumplir la ley" y "tratar de degradar Doñana".

Mientras tanto, el presidente autonómico, Juanma Moreno (PP), se defendía asegurando que lo que es "una enorme frivolidad es que quienes han permitido que se vulneren los acuíferos" durante tantos años teniendo las competencias de la Confederación Hidrográfica del río Guadalquivir "hablen ahora de defender a Doñana".

"Queremos poner una solución para que nadie pueda conseguir agua del subsuelo, para que no se amplíen los regadíos y poner orden en el caos que han creado ellos durante tantos años de gobierno", en referencia a los más de 40 años consecutivos en los que la región fue gobernada por el PSOE, entre 1978 y 2019, hasta que Moreno consiguió la victoria en las anteriores elecciones autonómicas.

El presidente andaluz también ha censurado que "ni una sola vez" el Gobierno de España convocara a la Junta de Andalucía para negociar sobre este asunto y ha reiterado que "nadie va a defender más el Parque Natural de Doñana que la Junta de Andalucía", que considera "una joya inexpugnable" con "el máximo de protección legal".

La defensa incluirá explicar a la Unión Europea la situación "de manera correcta y que no caigan en las falsedades que se están diciendo por parte del Gobierno de España".

Este enfrentamiento supone un capítulo más en la soterrada "guerra por el agua" que enfrenta a las autoridades de varias regiones de la mitad sur peninsular con el Gobierno central por la creciente escasez del recurso y que el pasado mes de enero ya provocó una seria polémica por la decisión del ministerio dirigido por Ribera de recortar progresivamente la cantidad de agua trasvasada desde el río Tajo al Segura. EFE

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