SAN SALVADOR (AP) — Un juzgado salvadoreño denegó el martes la libertad a dos altos mandos militares ya retirados por su implicación en el asesinato de cuatro periodistas holandeses ocurrido en 1982 cuando cubrían la guerra civil en el país centroamericano.
La defensa del general José Guillermo García, ex ministro de Defensa, y del coronel Francisco Antonio Morán, ex director de la extinta Policía de Hacienda, había solicitado a favor de los acusados medidas sustitutivas a la reclusión.
Sin embargo, el juzgado dijo en una resolución a la que tuvo acceso The Associated Press que no había lugar para una excarcelación.
Se desconoce cuándo fueron capturados los militares y dónde estarían recluidos, ya que ni la Policía Nacional Civil, encargada de cumplir la orden del juzgado, ni el Ministerio Público han confirmado las órdenes de captura. La AP contactó a ambos organismos en busca de comentarios sobre el caso sin lograr una respuesta de momento.
El caso se reactivó después que en marzo familiares y representantes del gobierno de Holanda y de la Unión Europea exigieron a El Salvador que llevara ante la justicia a los responsables del asesinato de los periodistas.
El 13 de octubre, la jueza del caso notificó la orden de detención para cinco militares salvadoreños a fin de procesarlos por el asesinato de los periodistas holandeses Jan Kuiper, Koos Koster, Hans ter Laag y Joop Willemsen, el cual fue documentado por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas. La comisión compiló los crímenes cometidos en El Salvador durante los 12 años de guerra civil, que concluyó en enero de 1992.
La resolución de la jueza también señala al coronel Mario Adalberto Reyes Mena, ex comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, quien reside en Estados Unidos y enfrentaría un proceso de extradición. Además, vinculó al general Rafael Flores Lima, ex jefe del Estado Mayor General de las fuerzas armadas, y al sargento Mario Canizales, ambos ya fallecidos. Canizales comandaba supuestamente la patrulla que perpetró la emboscada y la masacre de los comunicadores.
Flores Lima era uno de los militares procesados por la masacre de El Mozote, en la que soldados asesinaron a casi un millar de campesinos.
Estados Unidos deportó al general García el 8 de enero de 2016, al ratificar la decisión de un juez que señalaba que podía ser removido por su papel en la violación de derechos humanos durante la guerra de El Salvador, pero aquí no había enfrentado ningún cargo ni restricciones a sus actividades.
Los implicados en este crimen son procesados de acuerdo con Código Penal de 1973 y de ser encontrados culpables puede recibir de 15 a 20 años de cárcel.
Este crimen, como tantos otros perpetrados durante la guerra civil, no fue investigado y los culpables nunca fueron procesados debido a una Ley de Amnistía General promulgada durante el gobierno del entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) pocos días después de darse a conocer el informe de la Comisión de la ONU, la cual calificó el asesinato de los periodistas como un crimen de lesa humanidad.
En su informe, la comisión de la ONU concluyó que hay plena evidencia de que el asesinato fue consecuencia de una emboscada planeada por Reyes Mena con el conocimiento de otros oficiales, basándose en un reporte de inteligencia que los alertó de la presencia de los periodistas.
Días antes del asesinato, agentes de la Policía de Hacienda, vestidos de civil, llevaron a los reporteros a su cuartel para interrogarlos tras enterarse de que habían estado en contacto con guerrilleros.
El “Estado no cumplió con la obligación de investigar, procesar y sancionar a las personas culpables, como es su deber de acuerdo con el derecho internacional”, señaló la Comisión de la ONU en el texto.
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