El Cairo, 12 sep. El Gobierno de Egipto, país que acogerá la próxima cumbre de cambio climático COP27 en noviembre, ha restringido el activismo ambiental, obstaculizando e impidiendo el trabajo de las organizaciones ecologistas con prácticas que incluyen el acoso y la intimidación, denunció este lunes Human Rights Watch (HRW).
La organización de defensa de los derechos humanos ha publicado un informe en el que, a partir del testimonio de 13 activistas, académicos, científicos y periodistas relacionados con temas medioambientales, describe "una drástica reducción del espacio para un trabajo independiente sobre medio ambiente y clima desde que el presidente Abdelfatah al Sisi asumió el cargo, en 2014".
Los "obstáculos arbitrarios" impuestos por el Gobierno "han debilitado a los grupos medioambientales locales, forzando a algunos activistas al exilio y a otros a evitar un trabajo significativo", afirmó en un comunicado el director de Medio Ambiente de HRW, Richard Pearshouse.
Además, acusó la ONG, "violan los derechos de reunión y asociación y amenazan la capacidad de Egipto de cumplir con sus compromisos con el medio ambiente y la acción contra el cambio climático", acusó la ONG.
Varios de los entrevistados, que accedieron a hablar en condición de anonimato para preservar su seguridad, denunciaron un patrón de acoso hacia quienes trataban temas medioambientales sensibles para el Gobierno, con llamadas intimidatorias, controles e interrogatorios exhaustivos al entrar o salir del país e incluso impedimentos para viajar al extranjero.
HRW detectó que los temas más delicados son aquellos que tienen que ver con la pasividad gubernamental para proteger los derechos de los ciudadanos frente a los daños causados por intereses corporativos, así como con los impactos ambientales de los "opacos" negocios de los militares.
Estos últimos incluyen desde actividades extractivas hasta plantas de embotellamiento de agua, pasando por fábricas de cemento o proyectos de infraestructura como la nueva capital administrativa que se está construyendo a las afueras de El Cairo.
Otras formas de represión contra los ecologistas, similares a la ejercida contra todo tipo de activismo, son los obstáculos de las organizaciones no gubernamentales para registrarse como tales, el temor a que sea detenida la gente entrevistada durante los trabajos de campo o las restricciones de financiación.
Desde 2014, recuerda HRW, se han aprobado varias leyes que castigan con hasta la pena de muerte por recibir dinero de fuentes extranjeras si se considera que el dinero va destinado a perjudicar el "interés nacional" o minar la seguridad pública.
Como resultado de este acoso, concluye el informe, muchos activistas medioambientales han dejado el país, reducido su activismo o abandonado este definitivamente.
Muchas organizaciones han cerrado y en su lugar han surgido otras cuyo trabajo va en línea con las prioridades del Gobierno y trabajan aspectos no políticos como la recolección de basura, el reciclaje o las energías renovables.
Además, añade, los miembros de grupos ambientales importantes son recelosos de participar públicamente en la COP27 porque temen futuras represalias.EFE
ppa/amr/cc
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