Santiago de Chile, 7 mar El Parlamento chileno aprobó este lunes una ley que permite la renuncia de los constituyentes, una norma que se llevaba esperando desde el pasado septiembre, cuando uno de los 155 miembros de la asamblea manifestó su deseo de abandonar el cargo tras destaparse que había fingido tener cáncer. Por 119 votos a favor y 3 en contra, la Cámara de los Diputados despachó la norma que posibilita la salida de los miembros de la asamblea que redacta la nueva Constitución, algo para lo que hasta ahora no había un mecanismo formal. Popularmente conocida como "Ley Rojas Vade", la norma se comenzó a tramitar para avalar la renuncia del constituyente Rodrigo Rojas Vade, imputado por presunto perjurio al haber basado su campaña política en una enfermedad falsa. No hubo consenso acerca del mecanismo para reemplazar al constituyente, por lo que de momento, la asamblea pasará a tener 154 miembros en lugar de 155. Rojas Vade se hizo conocido durante las manifestaciones de 2019 por protestar con llamativos carteles contra los altos costos de los tratamientos de quimioterapia y en poco más de un año saltó a la política y fue elegido para formar parte de la convención que redacta la nueva Constitución. Tras un investigación periodística del diario local La Tercera, el constituyente reconoció el pasado septiembre que no padecía cáncer y tomó la decisión de retirarse simbólicamente del órgano, aunque siguió percibiendo el sueldo. La propia convención fue la encargada de denunciarle por haber mentido presuntamente en la declaración de intereses y patrimonio que se exige a los constituyentes, en la que afirmó tener una deuda de 27 millones de pesos (sobre 35.000 dólares) por el financiamiento de un tratamiento médico. Su confesión fue uno de los momentos más duros para la Convención Constituyente, formada en gran parte por ciudadanos independientes y de tendencia progresista, que comenzó en julio a redactar la nueva Carta Magna chilena. El proceso constituyente fue la solución política para amainar la crisis social en la que estaba sumida Chile a finales de 2019, la más grave en sus 31 años de democracia, y un mecanismo para dejar atrás la actual Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). EFE pnm/jm/cfa
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