LA PAZ, Bolivia (AP) — El gobierno de Bolivia dio marcha atrás con la exigencia de exhibir el carné de vacunación contra el COVID-19 ante el rechazo de sindicatos y juntas vecinales que amenazaban con protestas callejeras contra esa medida, adoptada ante la mayor escalada de contagios y el bajo nivel de inmunización.
El ministro de Salud, Jeyson Auza, dijo que la suspensión regirá hasta el 26 de enero con el propósito de “favorecer la vacunación optimizando la atención” en los centros de inoculación, que se han visto desbordados.
La obligación del pase sanitario entró en vigor el 1 de enero y permitió que más de medio millón de personas acudieran a los centros de vacunación entre el lunes y miércoles, pero la gran demanda creó problemas logísticos, según las autoridades.
Varios sindicatos afines al gobierno y juntas vecinales anunciaron protestas ante la exigencia de exhibir el certificado en todas las oficinas y centros comerciales y dijeron que la medida no había sido consultada. Representantes de algunas iglesias evangélicas afirmaron que la norma contradice el compromiso inicial del presidente Luis Arce de que la vacuna no es obligatoria.
Dirigentes opositores, entre ellos el alcalde de La Paz, Iván Arias, criticaron al Ejecutivo. “El gobierno está cediendo a la presión de grupos que no aman la vida”, dijo.
El miércoles los contagios rompieron el récord con 10.263 en un día cuando hace dos semanas el promedio era de poco más de 1.000 casos diarios. La región más castigada es la provincia de Santa Cruz en el oriente y cuyas autoridades analizan la posibilidad de declarar un encierro obligatorio.
El Ministerio de Salud dijo que no está confirmada la existencia de la variante ómicron y atribuyó la escalada a un relajamiento de las medidas de bioseguridad.
El gobierno autorizó la inmunización a partir de los cinco años y hasta el jueves se vacunaron 4,7 millones de personas con segunda dosis de un total de 11,6 millones de habitantes, según el Ministerio de Salud.
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