Estados Unidos prohibió el viernes el ingreso de 50 familiares de legisladores, fiscales y jueces de Nicaragua, considerándolos cómplices de la campaña de represión contra opositores del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, previo a las elecciones de noviembre.
El gobierno de Joe Biden "está comprometido a promover una amplia rendición de cuentas a cualquier persona responsable o beneficiada por los ataques del régimen de Ortega-Murillo a las instituciones democráticas", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
Señaló que esta medida, aplicada en el marco de la política estadounidense de denegación de visado a quienes socavan la democracia, se suma al veto de ingreso al país de 100 legisladores, jueces y fiscales nicaragüenses y sus parientes directos, que el secretario de Estado, Antony Blinken, informó el 12 de julio.
"Hoy anunciamos restricciones de visa contra 50 personas más, todos familiares inmediatos de funcionarios afiliados al régimen que han contribuido directamente a las medidas adoptadas por el gobierno de Nicaragua que no cumplen con las condiciones para unas elecciones transparentes, libres y justas", señaló el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price, en un comunicado.
El proceso para las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega y Murillo buscarán la reelección, se desarrolla en medio la detención de decenas de opositores, con 32 disidentes arrestados desde junio, entre ellos siete aspirantes presidenciales.
El miércoles, la candidata a la vicepresidencia del principal bloque opositor, la ex reina de belleza Berenice Quezada, fue inhibida de participar en los comicios acusada de "conspiración para cometer actos terroristas".
"Ortega y Murillo demostraron una vez más que tienen miedo de competir contra cualquiera que sientan que pueda ganarse el apoyo del pueblo nicaragüense", dijo Price, elogiando la "valentía" de Quezada por postularse "a pesar de la creciente represión".
- Voto unánime en el Senado -
La situación en Nicaragua también ha estado bajo la lupa del Congreso estadounidense.
Un proyecto de ley bipartidista para promover elecciones libres en Nicaragua, con nuevas medidas para sancionar actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos atribuidos al gobierno de Ortega, fue aprobado con el voto unánime del Senado.
"Hoy reafirmamos que las descaradas tácticas de Ortega de encarcelar a cualquiera que se atreva a desafiarle no funcionarán", dijo el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, al celebrar la adopción de la iniciativa.
El proyecto de Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (RENACER por sus siglas en inglés), presentado a fines de marzo por Menéndez y el republicano Marco Rubio, pasó ahora a la Cámara Baja.
La norma prevé esfuerzos coordinados con Canadá, la Unión Europea y aliados en Latinoamérica y el Caribe para aplicar sanciones selectivas en pos de elecciones democráticas en Nicaragua.
También amplía los mecanismos de supervisión para que las instituciones financieras internacionales otorguen préstamos a Nicaragua, y pide al ejecutivo estadounidense que revise la participación del país en el CAFTA-DR (el pacto de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana).
"Nuestra nación debe utilizar todas las herramientas para responsabilizar al régimen represivo de Ortega y a su familia. Insto a la Cámara de Representantes a que apruebe rápidamente este proyecto de ley", dijo Rubio.
Ortega, un exguerrillero que gobernó Nicaragua de 1979 a 1990 tras la caída del dictador Anastasio Somoza, y regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dice que los opositores detenidos son "agentes" de Estados Unidos para derrocarlo.
"El imperio no quiere elecciones en Nicaragua, el imperio quiere boicotear, sembrar nuevamente el terrorismo en nuestro país", dijo días atrás.
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