El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó el viernes una investigación independiente sobre el caso de Kevin Cooper, un afroestadounidense condenado a muerte por el asesinato de cuatro personas en 1983, pero que sigue clamando su inocencia y afirma ser víctima de un complot policial.
El destino de Kevin Cooper, ahora de 63 años, fue noticia internacional en 2004, cuando el entonces gobernador Arnold Schwarzenegger se negó a perdonarlo.
Personalidades como el reverendo Jesse Jackson, el actor Denzel Washington y la activista de derechos civiles Angela Davis habían pedido clemencia, sin éxito.
Un tribunal de apelaciones finalmente suspendió la ejecución el día previo a la fecha prevista.
Desde entonces, los gobernadores sucesivos han solicitado que se lleven a cabo nuevos análisis de ADN a las pruebas utilizando las últimas tecnologías.
El viernes, el gobernador Newsom ordenó una "revisión completa" del juicio y sus apelaciones, así como al expediente criminal y la evidencia que contiene, antes de tomar una decisión sobre el pedido de clemencia para Cooper.
Condenado por robo, Cooper había escapado de prisión poco antes de que ocurriera el asesinato de Douglas y Peggy Ryen, su hija Jessica (10 años) y Christopher Hugues (11 años), un amigo de esta última.
Las cuatro víctimas fueron encontradas con múltiples puñaladas en la casa de los Ryen en Chino Hills, cerca de Los Ángeles.
Gravemente herido, otro hijo de la pareja, Joshua Ryen (8), sobrevivió y acusó en aquel momento a hombres blancos.
Múltiples testigos también habían informado de la sospechosa presencia de tres hombres blancos con ropa manchada de sangre y que viajaban en el auto de Ryen, robado la noche de los asesinatos.
Una joven que temía que su entonces novio estuviera involucrado en estos delitos incluso advirtió a la policía: les entregó un overol ensangrentado que él vestía y denunció que un hacha, similar a la que se utilizó durante los asesinatos, había desaparecido de su taller.
Pero los investigadores optaron por arrestar a Kevin Cooper, un hombre negro, quien fue declarado culpable en la corte en 1985.
Cooper y sus abogados sostienen que fue la policía quien colocó las pruebas que llevaron a su condena, ignorando deliberadamente otras pistas.
Aunque los jueces suspendieron la ejecución del condenado, le prohibieron interponer un nuevo recurso de su sentencia. Esto no impidió que cinco magistrados contrarios a esta decisión escribieran oficialmente que "el estado de California corría el riesgo de estar a punto de ejecutar a un hombre inocente".
Subrayando que no tomaba partido en este causa, Newsom designó un bufete de abogados para ayudar a la Junta de Libertad Condicional a estudiar el caso.
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