La representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, se mostró preocupada este martes por los ataques de fuerzas oficialistas contra el tribunal de paz que investiga los crímenes más atroces del conflicto.
"Preocupan las afirmaciones de actores que buscan desacreditar la imparcialidad e independencia de estas instituciones (...) poniéndolas en riesgo", manifestó de Rivero en la presentación del informe que llevará el jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
En particular, la representante criticó una iniciativa del partido de derecha Centro Democrático para abolir la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), surgida de los acuerdos que llevaron al desarme de la guerrilla FARC en 2016.
"Constituye una seria amenaza a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación", enfatizó de Rivero.
Hasta la fecha el tribunal no emitido ninguna condena, pero ha inculpado a ocho exjefes de la guerrilla por más de 21.000 secuestros y recientemente reveló la escalofriante cifra de 6.400 civiles ejecutados por militares bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), fundador y líder natural del partido en el poder.
Las víctimas eran presentadas como caídas en combate para inflar los resultados en la lucha contra los rebeldes izquierdistas.
Uribe negó que hubiera instigado a las tropas a "violar la ley" cuando les exigía "eficiencia" y calificó al informe de la JEP como un "atropello".
El tribunal, que no tiene autoridad para juzgar a expresidentes ni a militares que no se sometan voluntariamente, podrá imponer penas alternativas a la cárcel para quienes confiesen sus crímenes y reparen a sus víctimas o sancionar con hasta 20 años de prisión a quienes incumplan esos compromisos.
Rivero también expresó su inquietud ante la "grave situación de violencia" en Colombia, golpeada por la peor arremetida de los grupos armados tras la firma del pacto de paz en 2016.
En 2020 la ONU, que documentó al menos 292 víctimas de matanzas, también se vio sorprendida por los asesinatos de activistas de derechos humanos cuya actividad es "de alto riesgo", agregó.
Aunque el histórico pacto con las FARC redujo la violencia política, Colombia aún se encuentra inmersa en un conflicto de casi seis décadas que deja más de nueve millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados.
Disidencias de las FARC, la guerrilla ELN y bandas herederas del paramilitarismo de ultraderecha se disputan en la actualidad las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
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