La clase política española anda a la gresca con una ley promovida por el gobierno de izquierdas, que en un gesto al independentismo catalán eliminó la mención explícita al castellano como lengua vehicular del sistema educativo.
La educación en España, un país profundamente descentralizado, es competencia de los gobiernos de las regiones, algunas de las cuales tienen otra lengua cooficial, como Cataluña, País Vasco y Galicia.
En el caso de Cataluña se ha venido aplicando la llamada 'inmersión lingüística', desde hace décadas y bajo gobiernos centrales tanto conservadores como socialistas. El método consiste en que las materias se imparten en catalán, y al castellano se le reservan apenas dos horas semanales en la mayoría de centros públicos.
El nacionalismo, hegemónico en Cataluña, defiende el modelo alegando que el castellano, por su caudal de hablantes y su potencia mediática y cultural, mantiene un uso social preponderante en la región, mientras que el catalán es una lengua vulnerable que debe preservarse con el máximo esfuerzo institucional.
Los no nacionalistas denuncian que el modelo no garantiza un aprendizaje óptimo del español, e impide a los niños que tienen el castellano como lengua materna ser educados en la misma.
- Una ley que "no cambia nada" -
La cuestión resurgió a propósito de la 'ley Celaá' -en alusión a la ministra de Educación, Isabel Celaá-, objeto de manifestaciones de repulsa por parte de la oposición de derechas este domingo en Madrid y Barcelona, poco antes de su adopción.
El texto, aprobado definitivamente este miércoles en el Senado, retira al castellano el calificativo de "vehicular" en el conjunto del país, al tiempo que revalida el modelo de inmersión en catalán.
El adjetivo había sido añadido por los conservadores del Partido Popular (PP) en 2013, en una ley que no fijaba un número de horas de castellano y que en los hechos no alteró un ápice la inmersión lingüística en Cataluña.
Ahora, la coalición de gobierno de izquierdas (socialistas y Podemos), minoritaria en el Parlamento, acordó la retirada del término "vehicular" con los separatistas catalanes de ERC, de los que dependía para aprobar los Presupuestos de 2021.
Pese a esta modificación, la ley estipula, sin concretar medidas, que las administraciones "garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano". Y añade que el objetivo sigue siendo que los alumnos dominen las dos lenguas cooficiales allí donde haya bilingüismo.
Por todo ello, fuentes del gobierno español aseguran a AFP que la retirada del adjetivo "vehicular" es un giro apenas cosmético, que en el fondo "no cambia nada" en cuanto a la política lingüística practicada hasta ahora.
- Vargas Llosa denuncia "conjura" contra el español -
La cuestión encendió el debate cuando se avecinan unas elecciones regionales en Cataluña el 14 de febrero, en las que separatistas y partidarios de la unidad de España medirán fuerzas.
ERC, que gobierna Cataluña, presumió de que la ley "blinda" la inmersión lingüística, mientras el líder de la oposición conservadora, Pablo Casado, avisó de que el PP recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional.
El nobel hispanoperuano de Literatura Mario Vargas Llosa se sumó al debate, denunciando en un reciente video una presunta "conjura" contra el español en Cataluña, que según él se está convirtiendo allí en "una lengua oculta o clandestina" merced a este pacto entre gobierno y ERC.
Los detractores del modelo lingüístico catalán encontraron un aliado en una reciente decisión judicial que obliga al ejecutivo regional a garantizar "de manera efectiva e inmediata" al menos un 25% de enseñanza en castellano.
En la sentencia, que no es firme, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña constató que el empleo del castellano en las escuelas catalanas es "residual", lo que supone "una infracción del marco jurídico vigente".
Pero de momento parece difícil que la decisión vaya a tumbar el modelo de inmersión lingüística. El gobierno regional catalán, de signo independentista, anunció que recurrirá la sentencia, y adelantó que ésta quedará "sin efecto" cuando entre en vigor la reforma educativa.
"Es una polémica política", en torno a una cuestión, el reparto de horas de castellano y catalán, en la que se mantendrá "lo que ya teníamos", señaló a AFP Ferran Barri, responsable en Cataluña del área de Educación del sindicato de funcionarios CSIF.
El representante estimó que "dos horas es muy poco" para garantizar un dominio excelente del castellano.
Y apuntó que algunos alumnos incurren por ello en el 'catañol', es decir, el uso de estructuras sintácticas catalanas con términos castellanos, como "tenemos de hacer los deberes" -del catalán 'hem de fer'- en lugar de "tenemos que hacer".
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