La crisis europea con Polonia bloquea la cooperación judicial

La Haya, 6 nov (EFE).- Martin es un niño de siete años con discapacidad al que sus padres "secuestraron" de una institución en Países Bajos para llevárselo sin permiso a Polonia, según la Justicia neerlandesa. Su caso es uno de tantos que se encuentran en el limbo por la crisis europea con Varsovia por la independencia judicial polaca.
El inicio del bloqueo de la cooperación judicial entre Polonia y Países Bajos, que sirvió de ejemplo a otros Estados europeos, se remonta solo a septiembre, pero sus efectos son ya "muy preocupantes" y la situación es "aterradora", admite a EFE, el juez neerlandés Kees Sterk, expresidente de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial.
Martin Florian Den Hertog lleva desaparecido desde el 24 de junio, al igual que sus padres, un australiano de 49 años y una rusa de 34, sobre los que ya pesaba una orden de supervisión familiar antes de que se lo llevaran de un centro para personas con discapacidad intelectual de la ciudad neerlandesa de Oisterwijk.
Varsovia se negó recientemente a entregar a la pareja, que solicitó asilo en Polonia alegando que las autoridades neerlandesas sacaron a su hijo de casa "injustamente", una versión aceptada por un juez polaco, que defendió que los derechos paternos habían sido "violados de forma bárbara e inhumana" y que el niño corría "el (presunto) riesgo de ser sometido a una eutanasia".
El caso de Martin se repite en Bélgica, con Ines Youssfi, de 4 años. Dorota se llevó a Polonia a su hija sin la autorización de Hakim, padre de la pequeña, lo que un juez de Bruselas consideró un "secuestro", otorgando la patria potestad al padre y emitiendo una orden europea de detención respaldada en enero de 2018 por un magistrado polaco.
Tres años después, la orden para reunir a padre e hija sigue pendiente de aprobación en Varsovia, bloqueada recientemente "por el bien de la niña", según la Justicia polaca.
RECIPROCIDAD
El intercambio de información sobre los padres de Martin, Ines u otros sospechosos en casos de asesinato, robos o blanqueo de dinero se encuentra en un punto crítico después de que la Justicia neerlandesa haya decidido bloquear la entrega a Varsovia de todas las personas condenadas o sospechosas de un delito alegando preocupación por la independencia judicial en Polonia.
La Cámara de Asistencia Judicial Internacional de Ámsterdam espera aún una aclaración del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a sus preguntas sobre los problemas de la independencia del poder judicial polaco, antes de desbloquear la cooperación.
En una reacción de reciprocidad, el Fiscal polaco Bogdan Swieczkowski instó a todos su compañeros a no autorizar la entrega de ningún sospechoso o condenado a Países Bajos.
"Si un polaco comete un crimen en su país y Polonia nos pide que se lo entreguemos, ya no será posible. Este sospechoso no podría ser juzgado en Ámsterdam, pero tampoco en Varsovia. Con las fronteras abiertas, tampoco se puede impedir que viaje. Esto es un duro golpe a la lucha contra el crimen dentro de la UE", asegura el magistrado Sterk.
COMISIÓN EUROPEA
Polonia tiene abierto un expediente en la Comisión Europea por su reforma de la Justicia que entró en vigor en febrero porque se cree que puede ser utilizada "para controlar el contenido de las decisiones judiciales", según la comisaria europea para Valores y la Transparencia, Vera Jourová.
"En la UE, hay quienes creen que esto pasará por sí solo, que solo es una fase con Polonia y que automáticamente volverá a someterse al Estado de derecho. Esto es un gran error, esto no se va a ir por sí solo. La Comisión Europea y los países miembros deben parar esto, de lo contrario, destruirá los cimientos de la UE", alertó.
El pasado julio se acordó en Bruselas vincular la recepción de ayudas comunitarias al respeto al Estado de derecho, una propuesta del primer ministro neerlandés, Mark Rutte, que provocó choques con las autoridades polacas y húngaras, también en el centro de las críticas.
"La UE no es un país, no tiene su propia policía, tribunales o ejército, lo único que tiene es una ley común que los jueces nacionales aplican de la misma forma en cada país. Esto no pasa si un Estado no tiene jueces independientes y los magistrados se convierten en un instrumento ejecutivo de un gobierno. Será un error si no se actúa. Es urgente hacer algo", concluye Sterk.
Imane Rachidi